La Sindicatura de Cuentas ha detectado que en líneas generales, el proceso de derivación de pacientes del Ib-Salut a los centros concertados para llevar a cabo una atención especializada "no cumple con el principio de transparencia", teniendo en cuenta que algunos procedimientos "siempre se contratan" con la misma clínica privada "sin que se justifiquen los motivos", a pesar de haber otros centros médicos que ofrecen el mismo servicio.
Así, lo revela el Informe 68/2012 sobre el gasto de asistencia sanitaria con medios ajenos del Servicio de Salud de Baleares, que ha analizado los procedimientos contractuales en vigor en 2009, algunos de los cuales fueron prorrogados por el Govern de Francesc Antich, después de que fueran iniciados por el Ejecutivo de Jaume Matas.
Concretamente, la Sindicatura de Cuentas pone de manifiesto que el Ib-Salut "no ha derivado actividad asistencial a todos los contratistas", al tiempo que revela que en lo que se refiere a las derivaciones que no se gestionan de forma informatizada a través del sistema de agendas, "el sistema no es homogéneo ni estandarizado para todos los centros peticionarios".
En esta línea, señala que "no queda constancia de la persona que autoriza la derivación" de un paciente de la sanidad pública a un centro privado, ni si esta persona tiene la "competencia adecuada" para autorizarla. Además, añade que "no consta ningún documento que justifique la objetividad en la selección de los centros concertados donde se derivan los pacientes".
Al mismo tiempo, la Sindicatura de Cuentas constata que por lo que se refiere a los pacientes que son derivados informáticamente, "el sistema no siempre incluye todas las agendas, ni todos los centros donde es posible derivar a los pacientes, lo que hace que el sistema no sea del todo transparente por lo que se refiere a la contratación de servicios".
El Informe refleja que entre 2005 y 2010, el Ib-Salut destinó un total de 409,8 millones de euros para derivar a centros privados a los pacientes de la sanidad pública que necesitaran servicios asistenciales y que no podían ser atendidos en los hospitales públicos de las islas.
Asimismo, revela que a 31 de diciembre de 2010, el Ib-Salut mantenía una deuda con los centros privados de 9,6 millones de euros de facturas pendientes de ser reconocidas presupuestariamente y correspondientes a servicios concertados.
