El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Vicenç Thomàs, ha destacado que los 23 millones a los que se renuncia en el presupuesto debido a la no utilización del Impuesto de Patrimonio podrían destinarse a ámbitos de educación, sanidad y bienestar social.
Thomàs ha tildado el presupuesto de "insuficiente e irreal", ya que le faltan entre "250 y 300 millones de euros" y sigue la estela de "una política económica basada en los recortes de la calidad de los derechos de la ciudadanía".
Por su parte, la diputada socialista Concha Obrador se ha referido al presupuesto como "antisocial" y como un indicativo de que se va camino a "no cumplir con la ley de dependencia".
La enmienda se ha realizado pensando en que se deben sumar más recursos económicos que los previstos por lo aportado por la consellera de bienestar social, Carmen Castro ha aclarado Obrador, quien ha indicado que con la citada iniciativa "aportamos 12 millones de euros más para la ley de dependencia, para el consorcio de discapacidad y para la renta mínima de inserción", ha añadido.
Asimismo, ha añadido que esta renta es "más necesaria que nunca", ya que el último informe económico y social confirma que en Baleares el "nivel de pobreza alcanza un 20 por ciento", de forma que, a su juicio, "no puede paralizarse como propone Castro en un momento de crisis y en el que la vulnerabilidad aumenta".
La diputada ha concretado que, dentro de los 12 millones, hay "una partida de 40.000 euros" destinada al Instituto Balear de la Mujer para que pueda desarrollar "sus políticas de protección". Asimismo, ha aconsejado a Castro que busque "los recursos que lleven a completar los 20 millones" que necesita la ley de dependencia para salir adelante.
"Si los más de seis millones de euros de la partida destinada a estudios y trabajos técnicos exteriores de la Conselleria y del Govern" se invirtieran en pagar "todo lo que se debe a las empresas del tercer sector" se podrían llevar adelante "los programas que van en beneficio del bienestar social", ha terminado Obrador.
Cabe recordar que la renuncia a la que hace alusión Thomàs es la del decreto ley de medidas tributarias urgentes para incentivar la economía que contempla una bonificación del cien por cien en el pago del Impuesto de Patrimonio, con lo que la comunidad dejaría de ingresar alrededor de 23 millones de euros.
