La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha anunciado este miércoles que el Govern ha acordado con patronales y sindicatos la recomendación de aplazar las subidas salariales de los convenios colectivos de hostelería, comercio y transportes durante un año.
Armengol ha detallado que ese aplazamiento sería de un año en los plazos que fija cada uno de los tres convenios, que afectan en total a unos 200.000 trabajadores de las islas, en una rueda de prensa telemática tras una reunión de la mesa de diálogo social para hacer un seguimiento de las medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.
Armengol ha dicho ser consciente de que aplazar las subidas un año es "un esfuerzo tremendo de trabajadores y empresas" que busca "mantener vivas las empresas y los puestos de trabajo".
"Sé que es un esfuerzo", ha dicho Armengol, quien ha destacado y agradecido la actitud de los sindicatos al adoptar esta recomendación de aplazar unos convenios que lograron con gran esfuerzo. "Esa lucha tiene su fruto, esos convenios que afectan a hostelería, comercio y transporte aplazan un año las subidas previstas", ha añadido. EFE
Por otro lado, otra de las peticiones del Govern balear al Gobierno central es que las empresas que se hayan acogido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor puedan pasar a ERTE por causas productivas y que las bonificaciones que se derivan de ellos se mantengan más allá del estado de alarma, durante 6 meses.
Armengol ha ceñido la petición al sector servicios, porque dada la dependencia de la economía balear del turismo será previsiblemente el más afectado por la crisis de la COVID-19 y es un sector "que da empleo a unas 200.000 trabajadores, en hostelería, comercio, restauración y transporte".
El Govern pedirá al Gobierno que en este sector "tan importante para la comunidad autónoma", los ERTE de fuerza mayor se mantengan más allá del estado da alarma, al menos seis meses, y que las empresas puedan tener bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social durante ese período "para poder mantener el tejido social".
Lo que pedirá el ejecutivo balear es que el Gobierno central asuma el coste de esas cotizaciones, pero si no lo acepta, el Govern arbitraría poder financiar el crédito para que las empresas puedan asumir esas cotizaciones a la Seguridad Social.