El exconseller de Turismo del Govern y expresidente de UM, Miquel Nadal, se sentará de nuevo, desde este martes, en el banquillo de los acusados por auspiciar la contratación presuntamente fraudulenta de un exconcejal 'uemita' por unos servicios que no le entrañaban trabajo alguno, pero por la que, sin embargo, cobró 13.080 euros públicos como gratificación por las labores que sí había realizado en favor de la extinta Unió Mallorquina (UM).
En concreto, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares será el encargado de juzgar a Nadal, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y cuatro meses de cárcel, y sobre el que ya pesan dos años y siete meses por un anterior juicio en el que fue condenado junto a la exdirigente histórica de UM Maria Antònia Munar.
Se trata de la segunda vista oral que se celebrará en el marco del caso Voltor: en la primera fue condenado a tres años de prisión, por unos hechos similares, el también exconseller de Turismo Francesc Buils así como el exalcalde de Sóller Antoni Arbona, quien resultó favorecido con 15.000 euros por dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Inestur para beneficiarle.
En esta ocasión, Nadal se enfrentará al tribunal junto al exregidor de UM en Sóller Tomás Plomer -para quien el Ministerio Público solicita un año de prisión-, el exdirector general de Promoción Turística Joan Sastre -dos años y dos meses de cárcel-, el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver, y la exresponsable del CITTIB Luisa Tortella, todos ellos excargos públicos del partido.
Y es que, según relata la acusación en su escrito de calificación, Nadal decidió "de forma arbitraria" beneficiar a Plomer, con quien tenía antigua amistad y a quien quería favorecer por servicios y colaboraciones prestados en el seno de la formación regionalista, clave en la formación del Govern de la pasada legislatura.
Es por ello que, según la Fiscalía, el exdirigente de UM llevó a cabo las gestiones necesarias para crear un expediente de contratación 'ad hoc' en beneficio de Plomer, ordenando para ello los trámites oportunos a Sastre, Oliver y Tortella, quien inició el expediente y acordó la propuesta de resolución de cara a aprobar el gasto de 13.080 euros del Inestur aparentemente por la prestación de servicios de información turística de la Serra de Tramuntana mediante pantallas táctiles.
Una labor que, sin embargo, Tortella ordenó que llevasen cabo las empleadas del Inestur y del CITTIB, instándoles a que "arreglaran el contrato de Plomer" y "le hicieran el trabajo", puesto que el exedil de UM, apunta Anticorrupción, "carecía de todo conocimiento necesario para la realización de ese trabajo". De hecho, el Inestur "no acreditó en absoluto" que Plomer estuviera en condiciones legales de contratar con la Administración ni que fuera técnicamente capaz.
COBRÓ SEIS MESES ANTES DE FIRMAR EL TRABAJO HECHO POR EL INESTUR
Así, en diciembre de 2009 Plomer fue citado telefónicamente para que acudiera al Inestur a firmar el trabajo elaborado por las empleadas del organismo público y en el que el acusado no había tenido participación alguna, a pesar de que seis meses antes (en abril) ya había cobrado este servicio. "Además de congraciarse con él, Nadal conseguía generar en Plomer una relación de endeudamiento con él y para con el partido", sostiene la Fiscalía.
El propio exconcejal reconoció su intervención en los hechos en su primera declaración ante la Policía Judicial y posteriormente consignó la cantidad defraudada, por lo que sobre él pide la Fiscalía que se le apliquen las atenuantes de reparación del daño producido y de confesión. A raíz de la trama urdida para beneficiarle, Anticorrupción considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de prevaricación.
Cabe señalar que Nadal fue condenado en una de las piezas del caso Maquillaje por el desvío de 240.000 del Consell de Mallorca a una productora controlada por Munar y por él a través de testaferros, mientras que la Fiscalía solicita para él otros seis años de cárcel por la venta presuntamente irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge, los mismos que en esta causa reclama para la exdirigente 'uemita'.