La jueza, sin embargo, considera en su auto que los hechos denunciados por el Ministerio Público, que los tipificaba como un delito de estafa procesal, no son constitutivos de infracción penal alguna. El fiscal, sin embargo, recurrirá la decisión directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
En su querella, el fiscal señalaba que el fraude se habría cometido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) obligase al Consell a indemnizar a Cesgarden con 16 millones de euros (que ascenderían a 30 con los intereses) a raíz de la pérdida de edificabilidad en el solar de Can Bou -ubicado en el término menorquín de Alaior- como consecuencia de la entrada en vigor del Plan Territorial Insular en 2003.
El fiscal apunta al engaño con el que Cesgarden logró que el TSJIB avalara el derecho indemnizatorio de esta empresa, una sentencia que el Consell decidió recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
Según la Institución insular, de acuerdo a la Ley 6/1998 sobre el régimen del suelo y valoraciones en la que se basó la sentencia del TSJIB, no existiría en este caso ningún derecho a indemnización puesto que no se da ninguno de los supuestos recogidos en esta normativa.
