Por ahora, el Ejecutivo ya ha comenzado a recibir las primeras alegaciones sobre el borrador que no ha dejado indiferente a empresas turísticas, sindicatos y patronales. Al menos una treintena de entidades han presentado ya alegaciones a la Ley y podrían llegar algunas más. Quienes se han posicionado en contra del anteproyecto de Ley son principalmente Asociaciones de Restauración de Caeb y Pimem, rechazan la posibilidad de que un hotel pueda contar con espacios comerciales o que un comercio pueda incluir una oferta vinculada a la restauración. Quienes se oponen también son los sindicatos y el PSIB-PSOE. Tanto UGT como CCOO han presentado sus alegaciones conjuntamente, opinan que la normativa beneficia sólo a los hoteleros y abrirá de nuevo la puerta a la especulación urbanística . En el PSIB-PSOE dicen no sólo que habrá especulación sino desregulación urbanística solicitan al Govern que retire la Ley Turística. Los socialistas además inciden en que se han sustraído competencias a los Consell Insulares en materia turística y afirman que la futura normativa hará que el todo incluido aumente y supondrá la pérdida de empleos.
Desde la conselleria de turismo, el director general de Turismo, Jaime Martínez, se defiende de las críticas, afirma que "no se desregula nada, si no que se dota de unas herramienta básicas a los ayuntamientos para dar salida a zonas turísticas”. Por el momento, prefieren esperar a tener todas las alegaciones, estudiar una por una, y a su vez se muestran también satisfechos por la gran cantidad de asociaciones que están participando en el proceso. Está previsto que el borrador definitivo comience en febrero el trámite parlamentario.
