La Fiscalía ha rebajado las penas que solicita a la exgerente del Consorcio del Desarrollo Económico de Islas Baleares (CDEIB), Antonia Ordinas, a quien pide cuatro años y dos meses y al exdirector general de Promoción Industrial, Kurt Viane, a quien solicita cinco años y diez meses, tras la presentación de un escrito de acusación modificado.
Cabe recordar que, en un principio, la Fiscalía pedía para Ordinas siete años de prisión, mientras que para Viane solicitaba una pena de 20 años de cárcel.
Por su parte, mantiene la petición de 21 años de cárcel para el exconseller de Industria, Comercio y Energía del Govern de Jaume Matas, Josep Juan Cardona.
Esta circunstancia se ha producido tras la presentación de distintos documentos por parte de la defensa de Viane, en el que se declara culpable y apunta a Cardona.
Cabe recordar que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha iniciado este lunes el juicio del llamado caso Scala, centrado en el presunto desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) cuyo principal acusado es Cardona, para quien la Fiscalía y la Comunidad Autónoma solicitan 21 años de cárcel.
Se trata del primer exconseller de esa legislatura (2003-2007) que se sentará en el banquillo de los acusados, en una vista oral que prevé prolongarse hasta el 21 de mayo, para ser juzgado por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el Ejecutivo autonómico. Además, la condena que para él reclaman las acusaciones se encuentra entre las penas más elevadas solicitadas para un político en España.
En el marco de esta compleja causa de presunta corrupción, la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de acusación de más de 400 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, y la Abogacía balear solicitaban, en un principio, un total de 115 años y medio de prisión para sus 18 acusados, de los cuales Cardona y el exdirector general de Promoción Industrial Kurt Viaene se enfrentaban a las peticiones más elevadas de cárcel (21 y 20 años de privación de libertad, respectivamente).
Y es que los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.
El Ministerio Público apunta así al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.
"Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, y los empresarios Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.
Por todo ello, sobre Cardona pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, al tiempo que la Fiscalía solicita el comiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.
