El Ayuntamiento de Palma propondrá en el próximo Pleno de este mes eliminar la paga extra de Navidad del alcalde, Mateu Isern, y de los regidores "en solidaridad con los funcionarios y trabajadores públicos que se verán afectados por la eliminación de esta paga tras el acuerdo adoptado por el Gobierno central".
Tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, el portavoz del Consistorio, Julio Martínez, ha adelantado que no se aplicará la exención impuesta por el Gobierno a los funcionarios que cobren menos de 962 euros, ya que no existe ningún funcionario en el Ayuntamiento que cobre menos de esta cantidad".
Por otro lado, Martínez ha estimado en 9 millones de euros la cantidad que, incluyendo las empresas municipales y organismos autónomos, supone para Cort la eliminación de la paga extra, aunque ha precisado que es posible que esta cifra varíe ya que a partir del primero de septiembre, el Ayuntamiento "deberá hacer frente, como todos los ciudadanos, al incremento del IVA".
El portavoz del Consistorio también ha indicado que la decisión del Ejecutivo central de anular la paga extra de Navidad "afectará a todos los funcionarios, organismos autónomos y trabajadores públicos del Ayuntamiento de Palma", por lo que, aunque la normativa estatal no afecta de manera directa a los cargos electos, "hemos acordado, como no podía ser menos, proponer en el próximo Pleno la eliminación de la paga extra de Navidad del alcalde y de todos los regidores en solidaridad con los funcionarios y empleados públicos".
El teniente de alcalde ha añadido a este respecto que el Ayuntamiento de Palma mantiene el diálogo social con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre la normativa aprobada por la Comunidad Autónoma "aunque, obviamente, la decisión de eliminar la paga extra de Navidad, influirá y mucho a la hora de plantear cualquier tipo de interpretación a esta normativa autonómica y aplicarla al Ayuntamiento de Palma".
Por otra parte, Martínez ha informado que, atendiendo a la prioridad establecida en los ajustes presupuestarios, el equipo de Gobierno ha aprobado "la concertación de una operación de endeudamiento por valor de 375.906 euros para el pago de facturas que hasta la fecha no habían sido reconocidas por la Intervención Municipal".
En esta línea, ha detallado que esta operación forma parte de la segunda fase de endeudamiento que se inició con la aprobación de un endeudamiento inicial de 100 millones de euros que se aprobaron para el pago de facturas a proveedores y que fueron abonadas entre mayo y junio del presente año.
Asimismo, ha indicado que la Junta de Gobierno ha tenido conocimiento de una sentencia judicial que da la razón al Ayuntamiento de Palma, cuando siendo alcaldesa Catalina Cirer se acordó declarar ruina económica un edificio situado en la calle Antoni Pons, por lo que debía procederse a su demolición.
Martínez ha revelado que ya se ha llegado a un principio de acuerdo con los inquilinos de estas dos fincas y ha agregado que actualmente, se está negociando con los propietarios para "buscar una solución consensuada a este problema".
Por otra parte, ha dado cuenta de una sentencia que valora el papel que juega la oposición municipal en relación con las resoluciones adoptadas por el equipo de Gobierno.
En este sentido, el portavoz del Consistorio ha explicado que durante la pasada legislatura, el anterior equipo de Gobierno y la propietaria del Hotel Sayonara llegaron a un acuerdo sobre el valor de expropiación de los terrenos donde estaba ubicado el citado establecimiento y que cifraron en 1,4 millones de euros.
Martínez ha recordado que el acuerdo alcanzado fue recurrido por la oposición municipal encabezada por el grupo popular al considerar que la valoración era muy inferior y, tras solicitar una segunda valoración, la expropiación supuso al Ayuntamiento un ahorro de 665.669 euros, es decir, un ahorro del 50% con respecto al coste inicial.
Para el portavoz del Ayuntamiento, esta sentencia recalca el papel de la oposición, ya que la justicia "deja claro que el acuerdo alcanzado entre el anterior equipo de Gobierno y la propietaria del Hotel Sayonara no era un acuerdo definitivo por lo que no debía existir acuerdo definitivo sobre la expropiación, tal y como así lo demandaba la oposición".
De este modo, ha destacado que este tipo de actuaciones "irregulares también se han producido tras el conocimiento de una reciente resolución del Tribunal de Cuentas sobre presuntas irregularidades detectadas en la Funeraria Municipal".
