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El Ayuntamiento de Palma suspende de empleo y sueldo al exjefe de la Policía y otros tres cargos por su imputación

Precisamente, todos ellos están citados a declarar el próximo 27 de noviembre ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en relación a estos hechos.

ondacero.es

Baleares | 21.10.2013 00:00

El Ayuntamiento de Palma ha suspendido de empleo y sueldo, durante seis meses, al exjefe de la Policía Local Antoni Vera y a otros tres cargos del cuerpo, Antonio Barceló Martínez y Tomás Javier Mas y a Santiago Adrover Florit, a raíz de su imputación en el caso que investiga el supuesto amaño en las oposiciones a oficial de la Policía durante 2012, tal y como ha anunciado en rueda de prensa el alcalde, Mateo Isern.

Precisamente, todos ellos están citados a declarar el próximo 27 de noviembre ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en relación a estos hechos.

Isern ha destacado de este modo que el Consistorio "ha actuado con inmediatez, autoexigencia y contundencia" tanto a la hora de aplicar diez medidas aprobadas por el Ayuntamiento en relación a la presunta filtración fraudulenta de las preguntas de examen de la oposición del grado de oficial celebrada en mayo de 2012 como a la hora de reaccionar frente a las imputaciones de los cuatro miembros de la Policía Local.

La reacción de la Administración local frente a estas cuatro imputaciones, ha explicado Isern, ha consistido en la apertura de un procedimiento administrativo a cada una de estas personas, precisando que éstos conllevan la incoación de un expediente disciplinario "por faltas muy graves" a cada uno de los cuatro miembros de la Policía Local imputados y, como medidas cautelares, la suspensión de funciones por un período de seis meses.

En esta línea, Isern ha añadido que si, como consecuencia de las investigaciones, se derivaran nuevas implicaciones o responsabilidades en cualquier persona bajo la disciplina del Ayuntamiento de Palma, "se seguirán tomando medidas con la misma inmediatez, autoexigencia y contundencia".

Respecto al exdirector general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, también imputado, Isern ha precisado que "ya está totalmente fuera de la disciplina municipal después de haber presentado su dimisión, inmediatamente aceptada por mí, el mismo día del inicio de la investigación judicial".

"ABSOLUTO RESPETO" A FISCALÍA Y GUARDIA CIVIL

El primer edil ha expresado, una vez más, su "absoluto respeto y agradecimiento a la Fiscalía y a la Guardia Civil por el trabajo que están llevando a cabo", al tiempo que ha reiterado que "los ciudadanos, los miembros de la Policía Local y todos los que formamos parte del Ayuntamiento de Palma queremos conocer toda la verdad en relación a unos hechos totalmente incompatibles con mi visión y compromiso personal por regenerar la vida pública y dignificar las instituciones".

Concretamente, la Guardia Civil realizó un registro, por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en la sede de la Policía Local de Palma de Mallorca en el marco de una nueva operación anticorrupción, relacionada con las supuestas irregularidades en las oposiciones a oficial de la Policía Local en el que se podrían haber filtrado las preguntas y respuestas del examen.

Por su parte, el 18 de septiembre, el alcalde de Palma, Mateu Isern, pidió disculpas y nombró a Guillem Mascaró como nuevo director general de Seguridad Ciudadana y a Nicolás Herrero como jefe de la Policía Local, tras la dimisión de Calvo y de Antoni Vera de sus respectivos cargos.

Así, Isern aceptó la dimisión del entonces intendente de la Policía Local, quien alegó motivos familiares, así como la intención de no dañar la honorabilidad de la institución y de ir en la línea de la política del alcalde de no tolerar este tipo de actuaciones.     Además, anunció la suspensión de las pruebas selectivas de la convocatoria a intendente, al tiempo que avanzó que se estudiará si se pueden reiniciar las pruebas o si se deben modificar las bases del modelo de convocatoria, según el resultado de la revisión.

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