En concreto, sobre Ronald R.W., para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión, pesan delitos de falsedad documental, estafa y asociación ilícita. El Ministerio Público reclama además que indemnice al perjudicado con la cantidad que le fue defraudada y haga frente a multas que ascienden a un total de 10.200 euros.
Junto a Ronald R.W. se encontraban en la organización Nicholas A.J. y Joseph B., quienes sin embargo no han podido ser localizados. Todos ellos, a efectos de crear la apariencia de solvencia necesaria para atraer a futuros inversores, constituyeron en julio de 2002 una mercantil en Panamá a la que denominaron The Armstrong Group, que teóricamente tenía como objeto social la compra, venta y negociación de todo tipo de artículos de consumo, acciones, bonos y valores.
Tal y como relata la acusación pública en su escrito de calificación, los integrantes de la trama contactaron asimismo con un especialista para la creación de una web en la que publicitaron sus servicios; alquilaron un local en el centro de negocios de Zurich; montaron una central de llamadas en la zona financiera de Londres, y abrieron cuentas corrientes en entidades bancarias de numerosos países, a las que iban transfiriendo las cantidades ingresadas por los inversores.
Así las cosas, tras la puesta en escena de toda la maquinaria, comenzaron a captar clientes de varios países y, entre ellos, en Mallorca, a Antonio S.C., con quien la organización entró en contacto para ofrecerle la compra de acciones de una compañía llamada Duravest, facilitándole información falsa sobre las perspectivas de esta mercantil.
