La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará desde este lunes y durante toda la semana, a partir de las 10.00 horas, a 27 acusados de urdir una trama para obtener hipotecas de forma ilegal, y con la que 49 personas resultaron perjudicadas entre 2005 y 2007 en Mallorca. Sobre todos ellos pesan delitos de asociación ilícita y de falsedad en documento mercantil y oficial.
Se trata de unos hechos por los que la Fiscalía solicita para todos ellos penas que suman hasta 147 años de prisión y 302.000 euros en multas. En concreto, el Ministerio reclama nueve años y cuatro meses de cárcel para el supuesto líder de la trama, Clemente G.O., mientras que el resto se enfrenta a peticiones que oscilan entre los dos años y medio y los ocho y cuatro meses de prisión.
En su escrito de calificación provisional, el fiscal señala que el principal inculpado, exdirector de una oficina bancaria con conocimientos en materia comercial y financiera, se ocupaba de manipular él mismo o a través de terceros la documentación necesaria que posibilitase la obtención de créditos hipotecarios.
En otras ocasiones, Clemente G.O. actuaba en connivencia con el acusado Iván Miguel L.F., mientras que otros imputados se encargaban de gestionar la tramitación de los préstamos ante el banco, actuando en numerosas ocasiones a través de entidades inmobiliarias gestionadas por ellos mismos.
Tal y como precisa la acusación pública, los préstamos hipotecarios eran concedidos tras la presentación ante las entidades bancarias de la documentación previamente manipulada a fin de aparentar una mayor solvencia de sus titulares, gravando viviendas adquiridas por éstos "sin conocimiento del carácter falsario de dichas operaciones", o bien viviendas que se encontraban en estado ruinoso o adquiridas mediante subasta.
Así, varios de los acusados se ocupaban de buscar personas que, o bien se prestaban a figurar como compradores de las viviendas y posteriores prestatarios de los créditos, o bien conseguían personas realmente interesadas en adquirir una vivienda pero a quienes, en condiciones normales, por sus escasos ingresos o circunstancias personales les sería difícil obtener una hipoteca.
La Fiscalía reclama para todos los acusados multas que ascienden a un total de 302.000 euros y que devuelvan a las entidades bancarias afectadas los importes defraudados, resultantes de la diferencia entre el precio de adquisición de las viviendas y del préstamo hipotecario concedido una vez deducidos los gastos pertinentes.
En el caso de tres de los inculpados, de nacionalidad marroquí, el Ministerio Fiscal señala que de confirmarse que residen en España de forma ilegal, se sustituyan las penas de cárcel por su expulsión del territorio nacional durante un periodo de cinco años.
