La Audiencia aplaza el juicio de Can Domenge al 19 de junio y Munar deberá personarse todos los lunes y viernes

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, deberá personarse 'apud acta' todos los lunes y viernes ante el Juzgado de paz del municipio en el que reside, Costitx, como medida cautelar impuesta por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, que además ha aplazado al próximo 19 de junio el juicio del caso Can Domenge, en el marco del cual la Fiscalía solicita seis años de prisión para la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM).

"Una renuncia que a mi entender no estaba suficientemente justificada", ha precisado el magistrado, aceptando a su vez la designación del nuevo letrado de la acusada, José Antonio Choclán, quien tendrá de plazo hasta el día 19 para preparar la defensa en el marco de este juicio.

Inicialmente, el tribunal le ha emplazado a personarse ante la propia Audiencia, si bien Munar ha alegado tener a su madre enferma en Costitx y ha pedido así presentarse ante las dependencias del Juzgado de paz de su municipio, "como he hecho hasta ahora", tal y como ha alegado.

Mientras tanto, en esta misma sesión el Consell de Mallorca, personado como acusación particular, ha desistido de ejercer acciones civiles contra las entidades bancarias que concedieron el crédito a la mercantil Sacresa para la compra de los solares de Can Domenge, La Caixa, Sa Nostra y Banca March. Mientras tanto, estas dos últimas han renunciado a las costas procesales.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau solicitó este miércoles la celebración de una vistilla para reclamar medidas cautelares contra la inculpada, después de que la Audiencia le diese hasta el 17 de junio -plazo ahora ampliado al día 19-, para que prepare con su nuevo letrado el juicio.

El representante del Ministerio Público justificó su solicitud al apuntar a la "maniobra" ejercida por la expolítica balear "no sólo para dilatar el proceso sino para preparar la fuga o alterar fuentes de prueba". Nada más iniciarse la vista oral, Munar se sentó frente al tribunal, ante cuyo presidente se mostró "totalmente indefensa" con motivo de las últimas revelaciones producidas en torno a la adjudicación presuntamente irregular de los terrenos palmesanos.

El magistrado llegó a preguntarle si es "consciente" del perjuicio que causa a la Sala su cambio de letrado tan sólo dos días antes del juicio, ante lo cual la exdirigente 'uemita' afirmó: "le juro que no era mi intención causar ningún perjuicio tras seis años de instrucción del caso y de sufrimiento".

En un tenso inicio de juicio, la expresidenta de la Cámara balear afirmó haber perdido la confianza en el abogado que le ha representado durante estos últimos años, Gabriel Garcías, a raíz de los registros practicados en sus viviendas después de que el exconseller insular y también acusado Bartomeu Vicens revelase que tanto ambos como el exvicepresidente del Consell y la propia UM percibieron un soborno de cuatro millones de euros a cambio de la adjudicación de Can Domenge a la mercantil Sacresa.

"Tras los registros, la Fiscalía sabe ahora exactamente todo lo que pienso y opino sobre este tema. Se llevaron una libreta donde durante los seis años de instrucción he tomado notas y en la que por cada acusación de la Fiscalía, al lado tenia anotada cuál sería mi respuesta", aseveró Munar. "Quiero empezar de cero en esta causa con un nuevo letrado", recoalcó, incidiendo en que las "divergencias" con su anterior abogado se han producido debido a los registros y a que "no hemos coincidido en las formas. No me siento representada en estos momentos".

MEDIDAS CAUTELARES QUE YA PESAN SOBRE MUNAR
Cabe recordar que sobre Munar ya fue impuesta en el marco del llamado caso Maquillaje una fianza penal de 350.000 euros -el fiscal la solicitó por un total de 450.000-, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización judicial, medidas que podrían agravarse en virtud de las que solicite de nuevo el Ministerio Público.

En concreto, en el banquillo se sientan Munar, y otros tres exaltos cargos de la extinta formación política: Nadal, Vicens y Flaquer. Junto a ellos también están acusados Santiago Fiol, abogado asesor de Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y el propietario de Sacresa, Román Sanahuja.