Los tres exaltos cargos, que junto al resto de procesados se han sentado este lunes en el banquillo tras más de cinco años de instrucción de esta causa de corrupción, han alcanzado así acuerdos de conformidad con la Fiscalía y las demás acusaciones, tras declararse culpables de haber planificado y desarrollado entre 2003 y 2007 una trama dirigida a saquear las arcas de la entidad en su propio beneficio, llegando a provocar la quiebra técnica de la empresa.
Los inculpados ven así visiblemente reducidas sus condenas respecto a la petición inicial del Ministerio Público, que reclamaba un total de 48 años y medio de prisión para todos los acusados. Según el escrito de acusación definitivo, Gálvez, Amengual y Gosálbez utilizaron distintas operativas para enriquecerse a costa de los fondos y cargos públicos, aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión.
En concreto, los delitos que pesan sobre ellos son los de malversación, prevaricación, falsedad mercantil, fraude a la administración y cohecho. Mientras tanto, de los trece procesados que había inicialmente, le han sido retiradas las acusaciones al empresario Miguel Rigo.
