El delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, ha afirmado que “el objetivo es hacer de Andalucía un iman para las inversiones y mejorar la calidad de vida de los andaluces” al informar sobre Decreto Ley por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración pública de la Junta y el impulso de la actividad económica en Andalucía que forma parte del Plan Andalucía Simplifica, denominado ‘Plan AS’, el paquete de medidas para luchar contra el exceso de burocracia que el Gobierno andaluz ha empezado a poner en marcha.
Este decreto ley modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes y reducirá un 90% el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta de Andalucía, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100. Además, recoge más de 450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación. El decreto ley está pensado para acortar los tiempos de respuesta de la administración.
“El ‘Plan AS’ es el mayor paquete de simplificación que ha abordado nunca una administración en España y engloba todas las medidas pensadas para mejorar la vida de los ciudadanos, además de para facilitar la actividad empresarial y la llegada de inversores a Andalucía”, ha subrayado Molina.
Con la nueva norma, en el caso de la Dependencia, el plazo de resolución de las solicitudes se reduce de los 555 días de media actuales a un máximo estimado de 180 días. Se recorta el plazo en un año. Además, la solicitud se podrá presentar en la Ventanilla Electrónica de Dependencia del Portal de la Junta de Andalucía. Se crea, además, un modelo de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que no cuentan con una red familiar o jurídica que les pueda ayudar.
Así como mejora la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social, reduciendo el número de documentos necesarios para la solicitud. Se mejoran tanto la solicitud como los anexos de la tramitación de la concesión.
También se modifica el Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa para unificar los tres anexos de la solicitud de renovación en uno solo, de manera que se agiliza evitando rellenar formularios en los que duplica la información y que ha de firmar varias veces. Al mismo tiempo se eliminan obstáculos en la prestación de servicios sociales, con un régimen de autorización menos restrictivo que garantiza los derechos de las personas que necesitan esos servicios. Así, se pasa de tardar dos años de media en abrir una residencia de mayores a tan sólo tres meses, con una declaración responsable; estableciéndose además silencio positivo.
De forma general, con este decreto ley se amplían significativamente los trámites a los que se aplica tanto el silencio administrativo positivo como las declaraciones responsables, pero siempre garantizando la seguridad y el control en los procesos. De hecho, se establece un régimen sancionador general y aplicable a toda la administración, que sirva para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.
Este decreto ley prevé la creación de mecanismos de coordinación y colaboración, así como sistemas de acompañamiento individualizado para la ciudadanía y entidades particulares para la tramitación y ejecución de los procedimientos. Para ayudar a que la simplificación sea una realidad, se crea la figura de entidades de colaboración de certificación, regulándose su acreditación, registro y sus obligaciones. Otra figura novedosa es la de las entidades habilitadas, a las que se les otorga la competencia para la realización de transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas en la gestión de determinadas materias en el ámbito de la Administración autonómica, estableciéndose la figura del convenio como instrumento a través del cual fijar los derechos y obligaciones de éstas.
Se incluye también un gran paquete de medidas de transformación digital de la Junta de Andalucía. El objetivo es extender la robotización a trámites y procesos que afectan directamente a la ciudadanía. Para ello, la Junta de Andalucía contará con un manual de automatización de procedimientos de relación con la ciudadanía y se desarrollará el puesto de trabajo digital dentro de la administración.
En materia de Patrimonio Histórico, el decreto ley cambia de autorización a declaración responsable para determinadas actividades arqueológicas afectadas por la Ley de Patrimonio Histórico, lo que permitirá mayor agilidad y transparencia. Gracias a esta iniciativa, unos 500 expedientes anuales, en su mayoría vinculados a grandes proyectos de infraestructura y proyectos de energías renovables, verán reducido su tiempo de tramitación en hasta dos meses.
Se modifica también la composición y funciones de las comisiones provinciales de Patrimonio Histórico para reducir el número de procedimientos que tienen que conocer. Cualquier familia o empresa que quisiera hacer una obra en un entorno protegido como Bien de Interés Cultural necesitaba hasta ahora el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. A partir de ahora, no. Esta medida afecta, por tanto, a unos 1.800 expedientes al año en toda Andalucía -el 70% de los expedientes que tramitan actualmente las comisiones provinciales de patrimonio-. El volumen de inversión que supone actualmente este tipo de expedientes en toda Andalucía es de unos 500 millones de euros al año.
Medidas en materia medioambiental
A partir de este nuevo decreto, van a ser miles las solicitudes de autorización ambiental que se van a tramitar en la mitad de tiempo. El 40% de las autorizaciones ambientales unificadas van a resolverse de forma simplificada, lo que va a redundar directamente en la generación de riqueza y la creación de empleo manteniendo la exigencia máxima de protección y conservación del medio ambiente.
Entre las medidas más destacadas se encuentran la actualización de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que se alinea al marco legislativo nacional y comunitario, se agilizan trámites, se adapta el marco normativo completo (también del sistema de autorizaciones ambientales) y se implanta un modelo de ventanilla única para las tramitaciones ambientales. De hecho, se pone en marcha la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS) para un total de 58 actividades que ahora sólo necesitarán un pronunciamiento y a la que se acogerán, al menos, el 40% de los expedientes ambientales que conllevan autorización lo que, a la postre, se traduce en evitar los temidos cuellos de botella que retrasan y entorpecen.
Además, la Autorización Ambiental Unificada (AAU) pasa de integrar 48 autorizaciones sectoriales a 16, se mejora la actual Autorización Ambiental Integrada (AAI) que integra 15 autorizaciones sectoriales cuando antes era 23, y se habilita el inicio de actividad con la presentación de una Declaración Responsable del Promotor, que sustituirá a la certificación acreditativa del director de la obra.
Con todo ello se mejora la tramitación del transporte metropolitano, los desarrollos urbanísticos, los proyectos de polígonos industriales y las obras promovidas en los decretos de sequía para dotar a la región de depuradoras de aguas residuales con terciario. Estas acciones reducirán plazos de ocho a cinco meses. Las instalaciones de desalación y las instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas de cara a favorecer el sector agropecuario y la agroindustria verán reducidos los plazos de tramitación de seis a cinco meses.
En materia sanitaria, se mejora el procedimiento de evaluación de impacto en la salud con el fin de aclarar y establecer de forma eficiente qué instrumentos se someten a informe, eliminando algunos, se facilita la emisión en un menor plazo y se reasignan de forma eficiente las competencias de manera que, la firma de los informes corresponde a las personas titulares de las ocho delegaciones territoriales.
Asimismo, se mejora el proceso para identificar las actuaciones como proyectos u obras que requieren una evaluación de impacto de salud, lo que permitirá concretar mejor las actuaciones que deben informarse desde salud, reduciendo la tramitación administrativa y contribuyendo al ahorro de costes económicos y temporales (el plazo para resolver el procedimiento se estima en 30 días frente a los tres meses actuales, por lo que se ahorran dos meses de tramitación). El número de expedientes que se podrían beneficiar de las medidas anteriores se encuentra en torno a los 350 expedientes al año, lo que tiene consecuencias inmediatas y directas sobre los operadores económicos. También se modifican los criterios de planificación farmacéutica y de fases del procedimiento de adjudicación de oficinas de farmacia, así como de la transmisión inicial de la oficina de farmacia adjudicada.
En materia educativa, las medidas conllevan la simplificación de dos procedimientos: la admisión de alumnado tutelado en centros de enseñanza y la autorización de centros docentes. En el segundo caso, con la eliminación de un informe, el plazo de tramitación del procedimiento se verá reducido en al menos tres meses. Esta medida favorecerá la apertura de escuelas infantiles y centros de Formación Profesional, sobre todo, generando empleo y servicios.
En contratación, este decreto ley potencia medidas de agilización de los procedimientos de escasa cuantía (menores a 5.000 euros), sin disminuir el control del gasto, aplicando un criterio homogéneo de actuación, de manera que se reduzca la carga administrativa. Esta medida puede afectar a más de un millón de contratos, de los cuales más de 900.000 corresponden al Servicio Andaluz de Salud, a la vista de los datos obrantes en el sistema GIRO.
