El expresidente barcelonista Joan Laporta ha presentado un escrito al juzgado de instrucción número 22 de Barcelona como acusación particular, al que se han unido otros socios, contra el acuerdo que ha alcanzado el FC Barcelona con la Fiscalía en el caso Neymar.
A partir de este acuerdo, el Barcelona admitía haber cometido dos delitos fiscales en los ejercicios 2011 y 2013 en el fichaje del brasileño Neymar Jr, accedía a pagar una multa de 5'5 millones de euros y el expresidente Sandro Rosell y el actual Josep María Bartomeu quedaban exonerados de cualquier cargo.
En un escrito remitido el pasado 20 de junio a la justicia, Joan Laporta alega que el acuerdo firmado por la directiva de Josep Maria Bartomeu hace que la masa social del club "sea la parte perjudicada por la nefasta gestión de los directivos investigados (Bartomeu y Rosell), apunta el redactado.
Además de Joan Laporta, suscriben el escrito de acusación la mayoría de miembros de la candidatura con la que el expresidente intentó asaltar de nuevo la presidencia el pasado verano, en las que Bartomeu logró 25.823 votos, por 15.615 de Laporta.
Así, junto a Laporta firman el escrito los socios Miquel Camps, Jordi Casals, Marc Ciria, Mireia Fontanet, Maria Elena Fort, Josep-Ignasi Macià, Rafael Martín, Xavier Puig y Rafael Yuste. A pesar de que han dado su apoyo, no se han personado en esta causa Xavier Bagués, Joaquim Casas, Alfonso Castro, Josep Cubells y Glòria Freixa.
En el escrito, Laporta entiende que el "imputado" Sandro Rosell "llevó a cabo una serie de negociaciones con Neymar con la finalidad de contratarlo para el Barcelona, ostentando Bartomeu el cargo de vicepresidente primero deportivo, siendo responsable del área deportiva".
"Ambos llevaron a cabo la negociación pretendiendo mostrar ante la opinión pública y ante la directiva del Barça que el coste final se adecuaría al límite de 70 millones de euros que la propia junta había establecido como cantidad máxima asignada a los fichajes de la temporada 2013-14, mintiendo Rosell y Bartomeu e indicando que el coste del fichaje era de 57 millones, cuando el gasto fue muy superior, cuando las operaciones se adecuaron a la veracidad y legalidad", añade.
Por ello, Laporta razona que estos hechos "han supuesto la comisión de diversos delitos contra la Hacienda Pública, y que esta parte ha entendido que también son constitutivos de un delito de administración desleal".
Como consecuencia del pacto alcanzado para que sobre el FC Barcelona recayesen los delitos fiscales, y así quedar liberados de cualquier falta Bartomeu y Rosell, la acusación particular liderada por Laporta subraya en su escrito: "Esta representación entiende, todo sea dicho con el máximo respeto, que este acuerdo (de exonerar a Bartomeu y Rosell y cargar la culpa al Barça) podría suponer una irregular omisión en la persecución de delitos (...), y una posible vulneración de los preceptos 27, 28 y 31 del código penal".
