VÍDEO del monólogo de Carlos Alsina en Más de uno 02/11/2018

¿Qué está a punto de pasar?

• Que la fiscalía confirme su acusación de rebelión contra los promotores de la insurrección en Cataluña. Junqueras y los demás.

• Que la abogacía del Estado confirme que no ve rebelión porque no ejercieron los insurrectos la violencia. Y que lo deja, por tanto, en sedición.

Sorpresa, digo, no cabe porque llevamos días contando que los cuatro fiscales del Supremo no sólo no ven razones para cambiar la valoración de los hechos que hizo el difunto Maza hace un año sino que la investigación realizada durante este año les ratifica en que hubo levantamiento, hubo violencia y hubo, por tanto, rebelión. Si alguna vez tuvo la tentación el gobierno de utilizar a la fiscal general Segarra como una ministra más de Pedro Sánchez, o alguna vez tuvo la tentación Segarra de imponer a sus subordinados la rebaja de la acusación, debieron de aparcar la idea en vista del follón que se les iba a organizar en la fiscalía.

Llevamos días también anticipando que con la abogacía general del Estado la historia es distinta. Porque la abogacía, a diferencia de los fiscales, sí está a lo que diga el gobierno que toca hacer. Y porque el gobierno lleva semanas con su lluvia fina de que acusar de rebelión es demasiado. Hace ocho días, Carmen Calvo en este programa levantando las cartas: la rebelión, según ella, exige armas y no cabe decir que la abogacía afloje porque hasta ahora no había presentado sus conclusiones.

Esto es lo que se confirmó anoche. Que el criterio del gobierno es que hubo sedición, alzamiento con tumultos, pero no rebelión y que ha empleado el gobierno su capacidad para imponer su criterio a los abogados del Estado.

¿Qué consecuencias tiene la maniobra?

• Primero, que por primera vez en esta causa difieren la posición de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Recuerden: la fiscalía defiende los intereses de todos los ciudadanos, los nuestros. La abogacía representa en la causa al Estado. Que visto lo visto en este caso, es más el gobierno que el Estado.

• Segundo, que esta diferencia de criterio será utilizada por las defensas, claro, para carga contra el delito de rebelión. Usarán la postura de la abogacía, que es el gobierno, para proclamar que no existió la violencia de la que acusan los fiscales. Lo que hasta ahora hacían invocando a los jueces alemanes y a un juez belga, ahora lo ampliarán a la abogacía del Estado español. Una baza golosa que les pone en bandeja el gobierno.

• Y tercero, que al juez Llarenase le hace un roto. No enorme, porque para su causa no lo es, pero que sí desluce. Porque hasta ahora había unanimidad en la valoración del juez instructor, el fiscal y el Estado y ahora ya no la hay. Pedro Sánchez no le ha hecho un favor al juez Llarena.

A partir de ahí, las lecturas políticas.

¿Es un obsequio que le hace el presidente al independentismo en la confianza de que le devuelvan ahora el favor? Es legítimo pensarlo. Por dos razones:

• Porque hasta que no llegó a la Moncloa sostenía Sánchez que la rebelión había sido evidente. Con altercados y sin ellos.

• Y porque Esquerra y los puigdemones llevan semanas martilleando en el Congreso con el estribillo de que Sánchez, para demostrar que no es Rajoy, debe hacer gestos. Uno de ellos, expresamente lo dijeron, ordenar a la abogacía del Estado que recule.

De ahí que sea imprescindible que hoy la abogacía, o el ministerio de Justicia, explique por qué no ve la rebelión que durante el último año siempre pareció que sí veía.

No espere Sánchez, en todo caso, que ni Junqueras ni Rufián se lo vayan a agradecer en público.

Ahora bien, y descrito todo eso, que tampoco pierda nadie la perspectiva.

El delito de sedición tiene menos castigo que la rebelión, es verdad. Pero es uno de los delitos más graves que contempla el código penal y desde luego uno de los más graves que puede cometer un cargo público. Quince años de cárcel no son una broma. Y tanto la fiscalía como la abogacía están diciendo que estas personas que tuvieron tanto poder en el gobierno catalán y en el Parlament se aprovecharon de ese poder, y de los recursos públicos, para intenta tumbar la Constitución atentando contra los derechos de todos los ciudadanos. Y en esta conclusión no hay fisuras. No eran unos gobernantes ejemplares que se limitaban a cumplir el mandato popular del pueblo soberano, eran delincuentes que amparándose en los cargos que tenían, y desde dentro del Estado, intentaron derribarlo. Porque nunca hubo mandato popular y porque nunca hubo pueblo soberano. Todo lo que hubo fueron coartadas para consumar el golpe a la legalidad democrática.

Nombre propio de esta mañana: Javier Arenas.

Arenas por su estrecha relación con Bárcenas.

Árenas por su mala relación con Cospedal.

Y Villarejo en la ensalada.

El runrún estuvo ahí durante años. Desde que trascendió lo de las cuentas en Suiza hasta que se celebró el juicio en la Audiencia Nacional.

El runrún decía que Bárcenas no era sólo Bárcenas. Que la fortuna que fue amasando ilícitamente y sacando fuera de España no era sólo suya. La cuenta suiza era, en realidad, compartida. Y los socios de Bárcenas temían que él acabara cantando quiénes eran todos. Ésa era la razón (y no sólo la contabilidad en negro del partido) de que en Génova 13 se intentara estar a buenas con el ex tesorero y pactar con él las condiciones (o contraprestaciones) para que el marrón suizo se lo comiera él solo. A cambio, Bárcenas exigía que Rajoy apartara a los fiscales que más pupa le estaban haciendo y neutralizara también a Cospedal, su bestia negra en la casa familiar del partido.

En aquellos años circularon quinielas sobre quiénes podían ser los socios de Bárcenas en la operación 'hagámonos ricos y escondamos el dinero en Suiza'. Y los nombres que se mencionaban eran, por asociación de ideas, los nombres de los mejores amigos de Bárcenas dentro del PP. Dos, sobre todo: Gerardo Galeote y Javier Arenas.

Tres años antes de que trascendiera que Bárcenas tenía la multimillonaria cuenta en Suiza, Dolores de Cospedal ya estaba interesada en conocer mejor en qué consistía la relación entre el tesorero y Javier Arenas. En julio de 2009, cuando se ve por primera vez con el comisario Villarejo en Génova, ella le pregunta a él expresamente qué información tienen los investigadores sobre Arenas. Hay una Fundación a la que están vinculados Bárcenas y Arenas y que le genera sospechas a Cospedal.

¿Y de Arenas qué tienen? Esta reunión con Cospedal termina, como escuchamos el miércoles, con la propuesta que hace López del Hierro, el marido, para que el comisario haga trabajos puntuales sobre algunos temas. Cuando el policía dice "me pagaréis al menos los gastos". Después de esa reunión, vuelven a quedar el comisario y el marido. López del Hierro retoma el asunto de la Fundación y le insiste en investigarla.

El interés de López del Hierro y Cospedal, como se ve, es máxima. Por la Fundación y por los negocios de Arenas con Bárcenas. A Villarejo le encarga López del Hierro que prepare un dossier y le dice que lo pagará el partido.

Que sea baratito. Esto es julio de 2009.

Cospedal sospechaba de la conexión Bárcenas-Arenas. De hecho, Arenas fue el valedor de Bárcenas y el mediador entre el tesorero y Rajoy cuando las cosas se pusieron más complicadas. Es Arenas quien está en el despacho de Rajoy con Bárcenas y su esposa, ocho meses después de esta grabación de Cospedal, negociando las condiciones para que el ex tesorero se abstenga de cantar la traviata. Y es Cospedal contra quien dispara Bárcenas y contra quien trabaja Arenas.

Sólo cuando Rajoy cae como presidente del PP y Pablo Casado se hace con el sillón, en alianza con Dolores de Cospedal, se termina la larga y muy influyente carrera de Arenas Bocanega en la sede nacional de Génova. Y todo hace pensar que la siguiente carrera que va a acabar es la de Cospedal.