Seguramente las dos cosas, pero por orden. Primero, cumplir la ley, porque estamos ante un claro incumplimiento. Dos años sin obedecer un mandato de la Constitución quizá no sea un “golpismo constitucional”, como dice el señor Asens, pero roza el delito y demuestra la parte menos defendible de la política, que es usar las instituciones para mantener cuotas de poder.
Dicho sea todo esto como crítica al PP. Una solución procedente que propongo como reflexión a la coalición de gobierno es renovar a los actuales vocales del Consejo del Poder Judicial con el compromiso de cambiar su elección en un plazo razonable. Hay que expulsar la política de las ostentosas ambiciones de control de esa institución.
La Justicia es independiente, como demuestran los condenados por corrupción. Pero no tiene esa fama, a pesar de los esfuerzos de Carlos Lesmes. Y no tiene esa fama precisamente por estos manejos y por la evidencia de que cada votación se convierte en un alineamiento ideológico, como si el Consejo fuese una derivada del Parlamento.
Con la actitud del PP que no quiere perder cuota de poder aunque haya perdido las elecciones y un gobierno que se niega al cambio, lo menos que puede pensar el ciudadano es que se decide algo más que nombres. Se decide tener una Justicia manejable, controlada y a disposición de la política. Renovar el Consejo es legalmente inevitable. Cambiar la elección es éticamente imprescindible. Llevamos casi 40 años en esta discusión