Monólogo de Alsina: "La fórmula de Iglesias para responder a los casos que escuecen es fingir que las manifestaciones no son en tu contra"

• La primera: pedir perdón. Es la fórmula Urkullu. Pidió perdón hace unos meses por la corrupción de su partido, pero sin admitir que era de su partido. Ahora pide perdón por su gestión en el vertedero de Zaldíbar, pero sólo para admitir que debió haber sido más empático con las familias, no que su gobierno, que es PNV y PSOE, haya incurrido en negligencia alguna.

La fórmula Urkullu llevada al extremo consiste en dar pena para que se metan menos contigo.

• La segunda forma es fingir que las manifestaciones que se convocan contra ti no son contra ti. Esta es la fórmula Pablo Iglesias. Al cabo de dos semanas de protestas agrarias en las que el nombre que más se menciona, para mal, es el tuyo, te reúnes con los convocantes de las marchas, les haces la pelota, los cortejas, les das la razón y les animas a seguir en la calle apretando. O sea, que te haces el obsequioso como si el gobierno fuera un manifestante más. Iglesias les dijo a las organizaciones agrarias ayer que aprieten. Apreteu, apreteu. A Pedro Barato, de Asaja, la frase no parece que le sonara mal del todo.

Pero al responsable de su organización en Extremadura, García Blanco, lo que parece es que le sonó a tomadura de pelo, a juzgar por lo que él mismo dijo en La Brújula.

Iglesias, obsequioso con los manifestantes y sin competencias conocidas en el sector agrario, acompaña a la ministra de Trabajo a todas sus reuniones como si Yolanda Díaz necesitara escolta, o un mentor, e intenta comerle la merienda al ministro Planas, que es el de Agricultura y el interlocutor real del sector del campo.

• Y la tercera forma de reaccionar a un tema incómodo, que es la más torpe de las tres, es intentar obligar al personal a olvidarse del tema corriendo un tupido velo, que están tupido como sospechoso. Ésta es la fórmula Ábalos-Calvo-Echenique-Rufián-y otra vez-Ábalos.

El coro papagáyico que entona la canción que ha compuesto el departamento de distracción de la Moncloa: Venezuela no le importa a nadie y lo de Delcy con Ábalos tampoco. A continuación les ofrezco una interpretación a tres voces a cargo de conocidos portavoces del gobierno: Gabriel Rufián, Rafael Simancas y la ministra Montero.

Pues mire: nada estimula más el interés de la prensa que la ocultación, el disimulo y el encubrimiento. Si no quieres que crezca una bola de nieve sobre las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de Barajas el día que vino Delcy lo mejor que puedes hacer es anunciar tú mismo que por supuesto que se conservarán las grabaciones el tiempo que haga falta y están a disposición de cualquier juez o fiscal que quiera echarles un vistazo. Si te empeñas en decir que ya lo has explicado todo de sobra y que un juez no puede actuar contra ti porque estás aforado –--como anoche dijo Ábalos— pues sólo contribuyes a seguir liándola.

El Partido Popular tenía la esperanza –-y le ha salido bien— de que un juzgado admitiera su denuncia para investigar lo de Ábalos. Una jueza, en efecto, ha entendido que hay indicios de una posible prevaricación y ha ordenado que las cintas se conserven. No significa que se haya probado delito alguno ni que las cintas tengan nada comprometedor: sólo que es posible que se abra una investigación judicial. El ministro sostiene que el PP recurre a la denuncia para que se siga hablando del tema (y es verdad que para eso sirve presentar una denuncia). Pero luego le sale el tono éste un poco sobrao cuando proclama que las cintas no le causan ningún problema.

Consejo para los portavoces gubernamentales Simancas y Rufián. Recurrir a la broma en un asunto que no se sabe dónde va a acabar, y del que probablemente ellos dos sepan bien poco, supone un riesgo.

Hombre, Gabriel, tampoco está la gente en la cafetería hablando de Billy el niño o del grupo de trabajo de la ONU sobre la autodeterminación y eso no impide que tú te intereses, si quieres, por el tema.

El gobierno está en su derecho a querer enterrar artículos del estatuto de los trabajadores, faltaría más. Hubo un juzgado de Barcelona que consultó al Constitucional si un artículo como éste era conforme a la Constitución y el tribunal le respondió que sí. Sólo entonces, año 2019, reparó el personal político en ello. Y lo ha elegido el gobierno como bandera para proclamar que ya ha empezado la derogación de la reforma laboral arriesgando poco, porque no es esto el núcleo de lo que ha prometido tumbar.

El gobierno está en su derecho, sólo faltaba, a llevar al Parlamento los cambios legales que considere oportunos. Pero no a mentir.

• Para empezar, no existe el despido por baja médica, por más que lo tuitee y requete tuitee Pablo Iglesias. No te pueden echar por presentar una baja médica. Existe el despido por faltar al trabajo uno de cada cinco días durante dos meses de un mismo año aunque la ausencia esté avalada por una baja médica. Que no es lo mismo. Y exceptuando las bajas prolongadas por enfermedades largas (un cáncer, por ejemplo), los accidentes laborales, la maternidad y la violencia de género.

• Y en segundo lugar, por mucho que la ministra de Trabajo se empeñe en presumir de que ha empezado a derribar la reforma laboral del PP...

...este artículo del estatuto de los trabajadores no lo introdujo el PP, ministra. Se lo dijimos aquí el día que hablamos con usted y no se animó ni a consultarlo. El artículo 52.d lo introdujo el gobierno socialista en la reforma laboral de 1995, cuando el ministro de Trabajo era José Antonio Griñán. Y lo modificó, para rebajar los requisitos del despido, el gobierno socialista de 2010, cuando el ministro era Celestino Corbacho y Pedro Sánchez, uno de los diputados que votó en el Congreso a favor de la reforma.

Que Sánchez haya descubierto diez años después que aquello que aplaudió en 2010 para combatir el absentismo era un ataque intolerable a los trabajadores más vulnerables da idea de la poca atención que le ha debido de prestar durante una década a las cuestiones laborales. Veinticinco años llevaba en pie el artículo en cuestión y sólo repararon en él los gobernantes de ahora cuando un juzgado de Barcelona pidió al Constitucional que le aclarara si era conforme a la Carta Magna. Hasta ese momento, el año pasado, nadie percibió la alarma social que ahora se alega.

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