Cualquiera con ojos y oídos y un mínimo de sensibilidad podrá percibir cómo ha crecido la preocupación por la deriva en la que Pedro Sánchez ha puesto a España. Todo va a una velocidad de vértigo, porque tiene que estar listo antes de que termine el año.
Sánchez tiene un doble objetivo: despenalizar el procés, mediante la desaparición o modificación de los delitos por los que fueron condenados Oriol Junqueras y Carles Puigdemont; y la toma de control del Constitucional mediante la asfixia del CGPJ. Que la triada formada por Conde Pumpido en la presidencia del tribunal y los adeptos y afectos Juan Carlos Campo y Laura Díez pongan el Constitucional al servicio del Gobierno.
Hoy abundan las explicaciones, coartadas y circunloquios acerca de las razones que tiene Sánchez para rebajar el delito de malversación. La más desopilante es la que ha presentado la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, sobre las prisas de la reforma que demuestra ante todo y sobre todo qué cosas hay que decir a veces para ganarse el sueldo.
¿Cuál es la necesidad de esto? ¿Qué necesidad hay de humillarse así? Si ayer mismo a dúo, en un mitin y en TV3, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, revelaron la verdad de lo negociado, el fin último y el sentido de reformar el Código Penal para que malversar dinero público le salga más barato a los corruptos.
Y hoy hemos conocido cuál será la nueva exigencia de Esquerra. La presentará en Enero. Un referéndum para la independencia con el modelo de Montenegro. Ahora les contamos los detalles. Pero lo fundamental es: ¿Con qué autoridad moral y sobre todo con qué credibilidad podrá negar Pedro Sánchez que se vaya a plegar a esta exigencia?
La reforma de la malversación saldrá adelante, lo hará gracias a los votos del PNV y también gracias a los votos de Podemos. Esto es algo fabuloso. Podemos remarca que este “es un acuerdo entre el PSOE y ERC”, que expresan “dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces”. O sea, que se malician que ocurrirá lo mismo que con la ley del sí es sí y que decenas de corruptos empezarán a presentar recursos para ver rebajadas sus penas. Así que todo mal, para Podemos, todo tan mal, tan mal, que votarán a favor.
Después del tortuoso cincunloquio de Jaume Asens la conclusión es que Podemos no sabe qué hacer aunque todos sabemos qué harán, que es votar a favor de una rebaja penal de la malversación, ellos que nacieron al calor del 15M, que hicieron de la persecución a Miguel Blesa una neurosis, que iban por las plazas al grito de «No hay pan para tanto chorizo». Todos envejecemos, pero ¿quién iba a pensar que Podemos apenas 10 años después del 15M iba a considerar que se castigaba con demasiada pena el manejo discrecional de fondos públicos?
Esquerra está contenta y exultante porque la reforma está hecha a la medida de la exculpación de sus líderes, permitirá que Oriol Junqueras regrese a la política activa y que su número dos Josep María Jové y otros tantos eludan la cárcel. Esquerra está contenta pero no se da por satisfecha. Hoy, ni más ni menos, que hoy, dirigentes de Esquerra han puesto en circulación su siguiente exigencia. Un referéndum de independencia a la manera de Montenegro. A finales de enero aprobará una ponencia política en la que establecerá el modelo de referéndum de independencia que formará parte de su programa. Uno del tipo Montenegro. Con una participación mínima del 50% y la necesidad de que el sí obtenga al menos el 55%. Esta es la fórmula con la que Montenegro logró independizarse de Serbia.
Evidentemente esto ya no es para esta legislatura. Será el requisito que imponga Esquerra para la próxima investidura. Y ahora: Imaginen que mañana sale Sanchez a decir. ¿Por quién nos toman? Nunca vamos a pactar un eferéndum montenegrino. ¿Con qué credibilidad? Si dijeron lo mismo de la sedición, si era impensable lo de la malversación, si tampoco se iba a celebrar una mesa de diálogo… Si ni siquiera se iba a negociar con Bildu. Esta va a ser la exigencia de Esquerra para una nueva investidura y si es preciso, por supuesto que se pactará.
Hoy ha tomado la palabra en el Senado Alberto Núñez Feijóo para pedir unas elecciones cuanto antes, esto significa que renuncia a una moción de censura como le pide todo el resto de la oposición
Pero la preocupación no es exclusiva ni de la oposición, ni siquiera de la derecha. Hay un interesante manifiesto publicado hoy en defensa del orden Constitucional, o sea en contra de la reforma de los delitos de sedición y malversación. Lo firman varios socialistas, sindicalistas y personalidad de todas las ideas y procedencias. Aún más interesante que leerlo fue escuchar la charla que mantuvo en Más de Uno Carlos Alsina con uno de sus firmantes. Se trata de José María Mohedano, ex diputado socialista, ex abogado de José Antonio Griñán: asegura que los condenados por los ERE de Andalucía renuncian a participar en el abaratamiento del delito de malversación para no ser considerados cómplices del independentismo.
Semana de frenesí legislativo. La noticia está en la Comisión de Igualdad, porque hoy se ha resuelto uno de los conflictos más cruentos entre el PSOE y Podemos. Con Carmen Calvo presidiendo la sesión, la Comisión ha debatido y ha votado las enmiendas de los grupos a la conocida como ley Trans. Incluida las enmiendas de la discordia que son las socialistas: para imponer algunos requisitos a la posibilidad de que los menores de 16 años puedan cambiar de sexo.
¿Qué ha ocurrido? Pues que ha ganado Podemos. Al menos, por ahora. A ver, aquí la cuestión era si la enmienda del PSOE saldría adelante con los votos del PP o de Vox y no ha sido así. Así que la enmienda para que un juez autorice el cambio registral de los menores de 16 años ha quedado rechazada en comisión. Veremos qué ocurre en el Pleno cuando se debate la totalidad de la ley y si el PSOE está dispuesto a votarla. Aunque parezca paradójico, esto complica la aprobación de la ley: Hasta el miércoles hay plazo para que los grupos con enmiendas rechazadas (como las del PSOE) las quieran mantener vivas para su debate en pleno. Debate que no será esta semana, sino la próxima. Continúa el culebrón de la ley trans.
