La cesta de la compra ha alcanzado precios de locura. La inflación general está contenida. Tanto que España está en el índice más bajo de la Unión Europea. En eso tiene mucho que ver la energía, la excepción ibérica y la subvención de la gasolina. Pero los españoles van al supermercado se encuentra con que toda una lista de productos básicos están en precio de récord. Cuando decimos básico, en realidad estamos diciendo imprescindible. El azúcar, la mantequilla, la leche entera, el aceite de oliva, huevos, yogur, Legumbres y hortalizas, queso, arroz, patatas…
No parece probable que la bajada del IVA del 4% vaya a ser una solución para esto. En parte porque el fin de las ayudas a la gasolina va a compensar lo que se ahorra con ello. Y porque los salarios no crecen al ritmo necesario para taponar la pérdida del poder adquisitivo. En cualquier caso, atendiendo a los precios que se han pagado estas Navidades ya se puede decir que esta cuesta de enero más que subiéndola, los españoles la están escalando. De tan empinada. Y ya me perdonarán lo grosero de la metáfora. Habría que ser más fino, aunque solo sea porque ha muerto el gran Paul Johnson y habría que rendirle tributo.
Ante esta realidad que va robándole a los españoles sus ahorros, que tal es la definición canónica de la subida de precios, la ladrona invisible de los ahorros, el Gobierno demuestra una cierta impotencia. La vicepresidenta Yolanda Díaz utiliza la voz pasiva para atribuir responsabilidades. Ya saben ustedes que la voz pasiva se caracteriza por prescindir del sujeto. Alguien se está forrando. ¿Quién?
La operación amnesia, que diría Alsina, se ha visto comprometida. Bueno, quizás basta con leer el primer párrafo que el más entusiasta intelectual orgánico escribe hoy en La Vanguardia: «Centrar el último año de legislatura en la reforma del Código Penal puede ser una auténtica temeridad en una España con jueces en pie de guerra».
Al procés, Pedro Sánchez lo quería extirpar de la memoria de los españoles el próximo 19 de enero para ponerse a hablar de economía y a repartir dinero. Ese día, una cumbre con Emmannuel Macron en Barcelona demostraría que Cataluña ha enterrado una etapa y ha culminado la pacificación.
Los planes no han salido como se pretendía y es en parte por la obstinación del juez Pablo Llarena. El instructor del procés, el incansable perseguidor del fugado Puigdemont, que no se resigna a que pulvericen la causa.
Malversación completa para los huidos y nada de desórdenes públicos, desobediencia. Se ha señalado la contundencia política de su reciente auto. Hay que añadirle una elaboración jurídica más sutil pero quizás más dañiña para los planes del gobierno. Hoy Carles Puigdemont ha vuelto a la primera línea de la actualidad y es muy probable que el Supremo mantenga la inhabilitación de Junqueras, con lo que la estrategia minuciosamente trazada se ha visto trastocada.
Por de pronto, la Fiscalía de la sala de lo penal del Supremo propone mantener el tipo más grave de malversación, con lo cual convertiría en inútil, al menos para los procesados en el Supremo, la rebaja de las penas impulsada por este Gobierno. Ahora el martirologio del procés vuelve a reclamar su cuota de protagonismo. La fugada Clara Ponsatí, ya no está acusada de sedición y anuncia su vuelta a casa.
Hoy la número dos de Irene Montero, la inefable Pam, Ángela Rodríguez, ha ensayado esa forma atenuada de disculpa que es la de dirigirse a aquel que pudiera haberse sentido ofendido.
Se refiere al tono jocoso con el que se refirió en un jovial podcast a las rebajas de penas a violadores sexuales por la ley del sí es sí. Hoy la secretaria de Estado tenía un acto en Galicia y cargos de la Xunta la han plantado. Angela Rodríguez iba a participar en unas jornadas de formación policial con la secretaria xeral de Igualdade y el director xeral de Emerxencias y no asistieron por las declaraciones de Rodríguez sobre la ley del solo sí es sí.
Hoy se ha producido otro chorro de rebajas penales a violadores y delincuentes sexuales. 18 hoy. Con estas 18 rebajas ya son 181 los delincuentes sexuales beneficiados.
Ya es un clamor, la pregunta de cómo es que el Gobierno está resistiendo el enorme desgaste de mantener en su puesto a las responsables de Igualdad. Dice el PP, «es que Sánchez no puede cesarlas». Y es verdad. Aún queda por saber si asumirá un desgaste aún mayor. Dentro de poco Pedro Sánchez va a tener que hacer una crisis de Gobierno. Aunque solo sea para que Carolina Darias y Reyes Maroto se vayan de campaña a Las Palmas y Madrid. ¿Ratificará entonces a Irene Montero en su puesto? ¿Demostrará esa falta de autonomía?
El esperpento en Castilla y León no ha terminado. Recuerden que el vicepresidente Gallardo, de Vox, anunció un protocolo por el que se obligaría a los médicos a ofrecer medidas disuasorias como una ecografía 4D o escuchar los latidos del feto a las mujeres que acudan a abortar. ¿Puede obligar a tal cosa un gobierno autonómico a un médico? Es bastante dudoso.
El médico en su consulta aplica un criterio de intervención clínica, no una orden política que es ajena a su actuación. Además, ¿Qué clase de información clínica es? En realidad se trataría de una presión psicólogica a una persona en una situación muy delicada.
Ahora, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha salido a corregir al vicepresidente, que insiste en que el protocolo ha sido acordado con él. Habrá que aclara cuál es la autoridad del vicepresidente Gallardo. Porque no está demasiado claro. Veremos.
