Después de haberle quitado hierro, después de haber señalado a la familia Del Pino como antipatriotas, después de haber mentado la codicia, el dumping fiscal y todo el catecismo del nacionalismo económico. Ahora la última versión del Gobierno para justificar la mudanza de la sede social de Ferrovial a Países Bajos es señalar directamente a Rafael del Pino, presidente ejecutivo de la compañía.
Miren, el presidente del Gobierno está haciendo una de esas giras europeas con las que tanto disfruta para preparar la presidencia de turno de la UE. Ahora está en Copenhague pero antes en Dublín, precisamente, en Irlanda, un país con unas ventajas fiscales fabulosas. Desde allí fuentes de la Moncloa han deslizado a los periodistas la versión de que este es un problema personal de Rafael del Pino.
Lo de señalar a los empresarios por su nombre y apellidos y afearles su codicia, incluso declararlos enemigos del pueblo es una costumbre que al principio solo tenía Podemos pero que ha ido adquiriendo todo el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza. La verdad es que el gobierno está fuera de sí.
¿Ha hecho el Gobierno un examen de conciencia acerca de qué ha podido hacer para que a esta gran empresa le convenga mudarse?
Esto no sólo no es creíble, porque una compañía no funciona como el PSOE. Serán los accionistas quienes decidan si la compañía se muda o no a los Países Bajos, pero el Gobierno ya ha renunciado a convencerlos y prefiere la vía franciscana. Bueno, tampoco seamos tan benévolos, la vía populista.
Este jueves ha visitado Onda Cero Nadia Calviño. Ha conversado durante un buen rato con Carlos Alsina en Más de Uno. ¿Autocrítica? ¿Ha hecho el Gobierno un examen de conciencia acerca de qué ha podido hacer para que a esta gran empresa le convenga mudarse? No. De hecho parece que ya ha renunciado hasta a convencer a sus accionistas para que se queden, que serán quienes tomen la decisión en última instancia.
De la decisión lo que sabemos con certeza es que Rafael del Pino trató sin éxito de hablar con Pedro Sánchez para explicárselo. No se le puso al teléfono y lo anunció a los medios. Luego, hay varias teorías acerca de las motivaciones de la compañía para migrar a Holanda. La más inmediata y demagógica es la que dice que buscan pagar menos impuestos. Podría ser pero no es suficiente. Es más verosímil que Ferrovial es una compañía endeudada y que le va a costar muchísimo menos financiar esa deuda en un país cuya economía tiene la calificación de triple A y por tanto un acceso más franco a los mercados que España, cuya deuda es astronómica.
Las empresas se deben a sus accionistas y estos toman las decisiones que más les convienen
Claro, esto de tachar a la compañía de antipatriótica… Más emblemática es la Fiat para Italia y migró. Grifols se fue de España antes que Ferrovial. Las empresas se deben a sus accionistas y estos toman las decisiones que más les convienen. Todo lo demás es fantasía y bolivarianismo. Como esta ley que ahora propone Podemos.
Podemos registrará "en los próximos días" una proposición de ley para obligar a las empresas que se lleven su producción o sus sedes —fiscal o social— fuera de España a que devuelvan todas "las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores" a que tomasen esta decisión. Incluso, a que abonen intereses de demora, como dice la ministra Ione Belarra.
Esto seguro que invitará a la inversión extranjera a instalarse en España. Pero aún peor es confundir subvención o ayuda con la justa retribución de un servicio. Y en esto están unidas ambas partes del gobierno de coalición. Como si el Estado hiciera caridad cuando contrata a una empresas para que haga una obra pública. Como si no estuviera contratando un servicio. Como si hacer una obra para el Estado supusiera un vínculo eterno y como si una empresa se debiera a alguien más que a sus accionistas.
