En otro tiempo o en otro país seguramente ya habrían dimitido. Pero son ministros del Reino de España en el tiempo de Sánchez. Así que ni han dimitido ni lo harán hasta que a Sánchez le convenga. Aunque los dos casos son bien diferentes, ambos son hoy rehenes de sus palabras. El primero es el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y lleva días, semanas incluso, repitiendo esto cuando le preguntan por la tragedia de Melilla
La otra es la ministra de Igualdad, Irene Montero, y no hace ni un mes dijo esto cuando un periódico muy afín al Gobierno, La Vanguardia, publicó un titular en el que advertía de que la ley del si es sí provocaría la reducción de penas de delincuentes sexuales condenados en firme
Son dos casos distintos, pero ambos rehenes de sus palabras. No hubo ningún muerto en suelo español, no habrá ni una sola rebaja de penas. Ambas afirmaciones se demostraron mentira y ambos ministros deberían haber dimitido. Ahora están acorralados por las informaciones conocidas hoy pero siguen siendo ministros
Bienvenidos a la Brújula, vamos rápido con la actualidad del día, que a las 8 tenemos Radioestadio con el Irán-Estados Unidos. Cuántas resonancias históricas en este duelo. Más que fútbol es una clase de relaciones internacionales. Debería jugarlo diplomáticos, no futbolistas.
Vamos a explicarle cómo Fernando Grande-Marlaska e Irene Montero han llegado a la situación insoportable en la que se encuentran. Este es el como guion de esas películas que empiezan con un personaje en una situación muy comprometida y entonces se congela la imagen y una voz en off dice: «Se preguntarán cómo he llegado hasta aquí».
Bien. La historia de Marlaska empieza el pasado 24 de junio, con un asalto violento a la frontera de Melilla que termina con 23 inmigrantes muertos. Él prometió cuando le preguntaron que no había habido ningún muerto en suelo español.
Pero apareció la BBC, mostró en un reportaje las imagenes de cadáveres que estaban siendo arrastrados desde suelo español a suelo marroquí y… Marlaska insistió en que ningun inmigrante había muerto en suelo español. Luego los diputados de la Comisión de Interior vieron el material en bruto y corroboraron que sí, que el ministro había mentido… pero él insistió en que ningún inmigrante murió en suelo español.
Hoy leo esto en la noticia de apertura de El País: «Una investigación conjunta de EL PAÍS y Lighthouse Reports revela nuevos detalles sobre los hechos a través del análisis de más de 140 vídeos, 40 entrevistas y la reconstrucción en 3D del puesto fronterizo de Barrio Chino. Un superviviente y agentes marroquíes grabados mientras arrastraban a las víctimas apuntan que hubo al menos un muerto en suelo español» Y muestran los vídeos. Fuentes de Interior insisten en que no hubo ningún muerto en suelo español y dicen que no se puede dar crédito a hipótesis y conjeturas y especulaciones de un medio de comunicación.
Ojo, no está en cuestión la fuerza empleada para sofocar un asalto efectivamente violento sino esta exacta afirmación del ministro.
La historia de Irene Montero tiempo atrás, cuando el Congreso aprueba su ley más reputada, el mascarón de proa del ministerio de Igualdad, la ley del sí es sí. Aquella ley se levantó sobre la alarma social generada por el caso de la Manada y pretendía refundir los tipos de abuso y agresión sexual para combatir la supuesta impunidad con la que se violaba en España. No era verdad, claro, y la prueba es que su ley ha permitido rebajar la condena a 41 delincuentes sexuales condenados en firme y ha producida una decena de excarcelaciones. Cuando salió el primer titular que informaba de que los jueces revisarían algunas penas, Montero dijo que aquello era propaganda machista
Cuando empezaron a publicarse las revisiones de pena, ella y su partido culparon a los jueces machistas, fachas con toga. Pronto se dieron cuenta de que era del todo inverosímil que jueces y juezas tan distintos y distantes estuvieron conspirando para sabotear el ministerio de Igualdad. Entonces se encomendó al Supremo, que desfacería el entuerto al unificar los criterios y pondría orden. Hoy el Supremo ha tomado una decisión referente al recurso de un caso muy significativo, el del Arandina, una violación grupal que en su día generó una fuerte reacción social.
El Supremo informa de que impone a los acusados una pena inferior a la que habría correspondido antes de la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, la denominada ley del sólo sí es sí. O sea que aplica la ley de forma más favorable al reo. O sea que el Supremo resolverá caso por caso. O sea que sí cabe aplicar la retroactividad para favorecer al reo.
El Supremo hubiera elevado las penas a los del Arandina a 10 años, pero en virtud de la ley del sí es sí, solo la eleva hasta los 9 años. Esta decisión que condena a los del Arandina, sentencia a Irene Montero
Y ahora lo del Constitucional, en uno de estos alardes de autoritarismo que caracterizan al sanchismo más puro, el Gobierno, o sea Sánchez, ha decidido designar como magistrados del Constitucional a su exministro de Justicia y a una directora general de su gabinete. Así que aquel que firmó los indultos a los condenados por el procés, Juan Carlos Campo, tendría que decidir si fueron constitucionales. Así es como desjudicializa la política, politizando la justicia. Aún más pues si bien otros partidos habían nombrado a magistrados afines, incluso militantes, incluso exdiputados, una vez más, nadie se había atrevido a ir tan lejos.
El choque institucional es inminente, porque el Gobierno no puede renovar por su cuenta el Constitucional, la ley establece que hay que hacerlo por tercios. Es decir que o se hacen todos los nombramientos y todos los ceses a la vez o hay que esperar y el CGPJ todavía no ha llegado a un acuerdo para nombrar a los suyos. El Gobierno quiere voltear cuanto antes la mayoría en el TC, pero el Tribunal ya ha dicho que no va a convocar un pleno para que eso ocurra hasta que se cumplan todos los requisitos.
