Los bancos y las empresas energéticas han mostrado su descontento con el Gobierno por su intención de perpetuar el impuesto extraordinario que inicialmente se creó para aplicar a estos sectores durante dos años.
Eléctricas y petroleras ya han avisado que reducirán las inversiones en España y las trasladarán a otros países con marcos regulatorios más estables y predecibles.
Aunque esta petición pueda sonar a amenaza, la realidad es que el Gobierno necesita a estas empresas para sacar adelante su proyecto de reducir la dependencia energética que España tiene del extranjero.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Ejecutivo prevé que en 2030 la dependencia del exterior se haya reducido en 20 puntos, de manera que la energía producida internamente y la importada se equilibren.
El propio Gobierno ha reconocido que necesita que el sector privado invierta 250.000 millones de euros para sacar adelante su plan energético. Pero la realidad es que en España no contamos esos capitales, por lo que tendrán que venir de fuera y si ven que aquí no hay rentabilidad, no invertirán.
Por ello, el Gobierno debería valorar que para sacar adelante su plan energético y reducir la dependencia de las autocracias petroleras tiene que empezar a cuidar más a sus empresas.
