Las cuatro asociaciones judiciales, Asociación Profesional de Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Victoria, Asociación Jueces y Juezas para la democracia han suscrito hoy a través de un comunicado conjunto su "rechazo" por las referencias al "lawfare o judicialización de la política" recogido en el acuerdo que han firmado el PSOE y Junts.
"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", denuncian los jueces.
Se adelantaba ayer la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús Barco, quien aseguraba que la democracia está en peligro y que "no se puede asumir una ley que vulnere la separación de poderes, además de interferir en las funciones de los jueces".
María Jesús Barco confiesa que ahora que han visto el acuerdo considera que se han quedado "cortos" en su preocupación y que es "gravísimo" lo que hoy han leído. "Afecta a una serie de ámbitos que no tienen encaje constitucional", añade. Hemos comprado el pack completo del independentismo y lo que Puigdemont nos ha dicho", define la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
En cuanto al apartado que se refiere a la ley de amnistía donde se habla del lawfare Barco denuncia que significa poner "a los jueces a la misma altura de los delincuentes". Asimismo, opina que de esta manera se da por hecho que los jueces, la sala segunda del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y que todos los jueces del país que han tenido que ver en causas del procés "han prevaricado".
"Si yo he estado viviendo hasta ahora en una dictadura, pues no me he enterado, pensé que vivía en una democracia", denuncia la magistrada.
Asegura que no hay mayor intromisión en un Estado democrático "de verdad" que examinar las resoluciones de los jueces y que eso es propio de "un estado totalitario, no de una democracia occidental".
Para Barco lo "más grave" de este acuerdo es que se ceden cuestiones "esenciales del Estado de Derecho". Confiesa que llevan tiempo trabajando para llevar su propuesta y "preocupación absoluta y el temor que esto deriva contra la división de poderes y el Estado de Derecho en definitiva" y afirma que estos comunicados se los están remitiendo a Europa.
