El Supremo dice que el Gobierno no vulneró el derecho de petición de Garzón a trasladar los restos de Franco y Primo de Rivera

El exjuez Baltasar Garzón realizó esta petición al Gobierno, que tenía un plazo de tres meses para contestar. Sin embargo, el Ejecutivo sobrepasó el plazo y dio la respuesta más de un año después. Antes de recibirla, Garzón acudió al Tribunal Supremo para que se declarara vulnerado su derecho de petición después del silencio administrativo del Gobierno.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado este recurso y ha concluido que el Gobierno no vulneró el derecho de petición de Garzón por lo que el Ejecutivo no tendrá que volver a pronunciarse sobre dicha petición.

La solicitud al Gobierno, presentada en virtud del Derecho de Petición, coincidió con el 40 aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, inhumado desde entonces en el Valle de los Caídos junto al fundador de Falange. Reclamaba también al Ejecutivo la supresión de la simbología franquista y de los actos conmemorativos que se practican en el propio Valle de los Caídos y que, a su juicio, "pueden incitar al odio".

Además solicitaba la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterrados en la Basílica y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado "pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral".

El escrito proponía la anulación y derogación de las normas de creación de la Basílica y de La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que datan de 1940 y 1957 respectivamente, ya que contradicen la Constitución española y la Ley de Memoria Histórica.

Los juristas pedían la transformación del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria, donde las víctimas de la dictadura y sus familiares puedan ejercer su derecho a la verdad y a la reparación y también un lugar de identificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados, con la publicación oficial de sus nombres.

Para ello, se solicitaba al Gobierno la aprobación de la dotación económica suficiente a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.