Piden 5 años de prisión para un agente por lesionar a un manifestante en una convocatoria de "Rodea el Congreso"

Aunque la Fiscalía considera que la actuación del agente no merece reproche penal y pide su absolución, la acusación particular, ejercida por la víctima, solicita para él 5 años de cárcel por un delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La víctima, representada por el colectivo de abogados Legal Sol, pide además una indemnización de 12.881 euros. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, será la Sección Sexta de la Audiencia la que juzgue el martes al agente, Jorge M.C., miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) -los conocidos como antidisturbios-.

Los hechos ocurrieron la noche del 14 de diciembre de 2013, cuando el agente, responsable del dispositivo PUMA 52 de la Policía Nacional y de dos subgrupos más, prestaba servicio entre las calles Atocha y Antón Martín. Durante la protesta, convocada por la Coordinadora 25S en las inmediaciones de la Cámara baja, se produjeron numerosos disturbios dado que algunos grupos de manifestantes hicieron barricadas en la plaza Jacinto Benavente donde también hubo lanzamiento de piedras, botellas y petardos contra coches policiales, que resultaron muy dañados en algunos casos.

Finalmente, la manifestación, que contó con un fuerte dispositivo policial (más de mil agentes blindaron el Congreso), acabó con un balance de 23 personas heridas leves (14 de ellas policías), siete detenidos y 40 identificados. Fue precisamente el lanzamiento de adoquines y cristales contra los agentes lo que motivó que el acusado diese la orden de intervenir para sofocar los altercados, según sostiene la Fiscalía en su escrito.

Reconoce el ministerio público que uno de los manifestantes sufrió diversas lesiones que obligaron a su hospitalización durante un día, de las tardó en recuperarse más de tres meses y que le han dejado diversas secuelas. Pero, a su juicio, el agente no incurrió en delito alguno porque tanto él como sus subordinados actuaron en todo momento en el ejercicio de sus funciones, siguiendo órdenes y en cumplimiento de su "deber, oficio o cargo".

Ejercieron, dice la Fiscalía, la fuerza legítima necesaria para impedir las consecuencias derivadas de la agresividad de los manifestantes. Sin embargo, el colectivo de abogados Legal Sol denuncia que el agente le golpeó con su defensa cuando éste se encontraba en actitud pacífica y le ocasionó una "grave lesión" en la mano.

Y critica la actitud del fiscal, que "sin acudir a ninguna diligencia y otorgándole una presunción de veracidad a todo lo manifestado por los antidisturbios" solicitó en otros procedimientos penas de hasta 6 años contra los manifestantes detenidos ese mismo día" mientras pide el archivo de esta causa contra el agente.