La medida, aprobada antes del referéndum del Brexit, pero puesta en marcha en septiembre, persigue oficialmente identificar la necesidad de prestar apoyo o refuerzo lingüístico a aquellos alumnos que lo necesiten.
No obstante, los padres temen que pueda servir para futuros procesos de deportación. Por eso han creado la campaña 'Boicot al censo escolar', preocupados por lo que el Gobierno pueda hacer con estos datos.
Desde el Ministerio de Educación británico aseguran que la información será confidencial y no será remitida a Interior, cuya ministra ya anunció el endurecimiento de los requisitos para la selección de alumnos extranjeros en escuelas y universidades.
