La corte ha finalmente condenado al arquitecto en apelación, tras su absolución en primer grado, a pagar 77969,74 euros al erario público de Venecia por el encarecimiento de su polémico puente, inaugurado en el año 2008, a causa de una serie de errores en su proyecto.
Junto a él ha sido también condenado a pagar 10 989,73 euros el ingeniero de Venecia, Salvatore Vento. Ambos además deberán hacer frente a las costas del proceso en segunda instancia, que ascienden a 7267,81 euros.
La sentencia que está datada el 6 de agosto, señala que la obra costó finalmente 11,6 millones de euros frente a los 7 millones previstos inicialmente.
Los errores en el proyecto de Calatrava, escriben los jueces, constituyen una "macroscópica negligencia", pues derivaron en el encarecimiento del proyecto, que ha tenido que ser modificado en varias ocasiones desde su inauguración. Esto es "aún más grave" pues la obra fue asignada a un "estimado profesional de fama mundial y de elevadísima competencia, con una larga y probada experiencia en la construcción de puentes", se lee.
El puente de la Constitución fue construido para unir la estación ferroviaria de Santa Lucía con la Plaza Roma, donde se aparcan los vehículos que llegan a la ciudad por su única vía terrestre. Esta infraestructura desde el principio estuvo envuelta en problemas, retrasos y polémicas y ha requerido varios cambios, como las lastras de cristal de su suelo por piedra para evitar resbalones o la introducción de elementos para mejorar su accesibilidad a personas en sillas de ruedas.
En 2015 el Tribunal de Cuentas veneciano había absuelto al arquitecto de un supuesto delito de sobrecostes del puente
