"El Gobierno siempre fue consciente de su conducta" y de las "graves irregularidades" en que incurría, sostuvo el procurador del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, quien se presentó ante la comisión como testigo de la parte acusadora. De Oliveira fue responsable de la investigación que detectó las maniobras fiscales irregulares por las que está acusada Rousseff, las cuales afirmó que permitieron "adulterar" los resultados del Gobierno en los años 2014 y 2015 y ofrecer datos mejores de los que mostraba la realidad contable.
El fiscal relató ante la comisión del Senado que esas maniobras comenzaron en 2013, se acentuaron en 2014 y continuaron en 2015. Entre otras irregularidades, explicó que el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a familias más pobres y créditos agrícolas, entre otras obligaciones.
Frente a esa situación, los bancos cubrieron esos compromisos con sus propios recursos, lo que generó al Estado unas millonarias deudas, que por ley no podía contratar con entidades públicas y que además fueron omitidas de los balances oficiales. De Oliveira explicó que eso llevó al Tribunal de Cuentas a rechazar los balances del Gobierno correspondientes a 2014 y también a que su despacho recomiende que no sean aprobados los de 2015, que serán juzgados por ese organismo auditor este mismo mes.
El testimonio del fiscal convenció a la mayoría favorable a la destitución de Rousseff que compone la comisión del Senado, pero fue rechazado con énfasis por la defensa de la mandataria, que insistió en que esas irregularidades son meras "faltas" administrativas que no pueden justificar su destitución.
El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, reiteró que los "delitos de responsabilidad", figura que en la Constitución engloba las causas para la destitución de un mandatario, establecen entre otras cosas que haya "dolo", lo cual aseguró que no existe en este caso. Antes de escuchar al fiscal, la comisión se sumergió en intensos debates generados por una propuesta de la defensa, que planteó la realización de una auditoría "independiente" e "internacional" sobre las cuentas que se le cuestionan a Rousseff.
El instructor del caso, el senador Antonio Anastasia, se mostró dispuesto a acoger la propuesta y consideró que sería una manera de dar "más resguardo al derecho de la defensa", aunque rechazó que fuera "internacional" y sugirió que la hicieran funcionarios del equipo jurídico del Senado. Sin embargo, el pleno de la comisión lo rechazó por mayoría, lo que generó nuevas protestas del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff.
"Parece que admiten que no hay delito, porque todos saben que una auditoría independiente lo demostraría", afirmó el senador Lindbergh Farias, del PT, quien calificó el rechazo a esa propuesta de "golpe dentro del golpe", como su partido se refiere al proceso. La comisión, formada por 21 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara Alta, volverá a reunirse este jueves para escuchar a los primeros testigos de la defensa.
La fase procesal concluirá a finales de julio, cuando el instructor presentará un informe en el que recomendará la destitución o archivar la causa. Ese informe será sometido entre los días 1 y 2 de agosto al pleno del Senado, que deberá decidir por mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros si la causa prosigue.
Si así fuera, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien comparte la responsabilidad del juicio con el Senado, deberá convocar al pleno de la Cámara Alta para una última sesión, que sería a mediados de agosto. En esa definitiva instancia, Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de dos tercios de los senadores (54 votos). En ese caso, el presidente interino, Michel Temer, que sustituye a Rousseff desde el pasado 12 de mayo, debería completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019
