La Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) ha accedido a la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que se cite a declarar como testigo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Así, corrige la decisión del magistrado instructor Ángel Hurtado, que el 27 de enero rechazó la petición de García Ortiz en el marco de la causa en la que se le investiga por la presunta revelación de secretos que le atribuye González Amador.
En una decisión que revoca parcialmente el criterio del magistrado instructor Ángel Hurtado. La Sala de Apelación considera que no existen motivos para denegar esta testifical, especialmente cuando la defensa del investigado es quien la solicita.
Además, el Supremo ha dado luz verde a la declaración de los peritos autores del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta diligencia, inicialmente denegada por el juez instructor bajo el argumento de que una ratificación no aportaría nada al informe ya incorporado a la causa, ha sido ahora aceptada por la Sala de Apelación. Los magistrados entienden que en la actual fase de instrucción es pertinente permitir a las partes realizar preguntas y obtener aclaraciones sobre el informe pericial.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado otras dos peticiones formuladas por la Fiscalía:
- No se citará a declarar como testigos a varios periodistas, al considerar que estos actuaron en el ejercicio de su labor informativa y están protegidos por el derecho a no revelar sus fuentes. El alto tribunal señala que la información que puedan aportar ya está reflejada en sus publicaciones, las cuales pueden ser incorporadas a la causa como prueba documental.
- El Supremo ha denegado la solicitud de intervenir el teléfono móvil del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Aunque figura como testigo en la causa y tiene la obligación legal de decir la verdad, el tribunal no ve necesaria la intervención de su dispositivo. Considera que esta medida requeriría una "razón especial" o un "motivo reforzado" para justificar la sospecha de que quebrantó la confidencialidad de los investigados.
Esta decisión del Tribunal Supremo supone un giro en la instrucción del caso, permitiendo la declaración como testigo de la figura central de la querella y la aclaración del informe de la UCO, mientras que mantiene el criterio de proteger la labor periodística y la privacidad del jefe de gabinete de la presidenta madrileña.
