La advertencia del Gobierno a las comunidades por la forma en la que devuelven la sanidad a los inmigrantes irregulares ha provocado que éstas, que seguirán adelante con la restitución de este derecho, la hayan visto como una "amenaza", un extremo que el Ministerio de Sanidad ha negado.
"En ningún momento se ha amenazado a ninguna comunidad, se ha constatado un hecho", ha recalcado a Efe el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, quien ha recordado que la voluntad del Ministerio es mejorar la asistencia sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles'.
Ha hecho hincapié en que el problema radica en cómo las comunidades elaboran sus respectivas normas, porque -ha dicho- una tarjeta sanitaria "genera una serie de derechos en los países de la UE", y si las regulaciones contemplan a los irregulares pero no a los ciudadanos comunitarios que residen en España desde hace más de tres meses y que ya no disponen de seguro en sus países de origen, estos últimos podrían "sentirse discriminados".
Desde el PP, se ha pedido al PSOE que no hiciera demagogia, después de que su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, calificará de inaceptables las "amenazas" del Gobierno.
Para el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, también el Gobierno y el PP "acostumbran muchas veces a lanzar amenazas que no controla", mientras que el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha tildado de "vergonzosa" e "irresponsable" la advertencia de Sanidad.
Las comunidades autónomas también han reaccionado. Así, el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, ha considerado que las "amenazas" del Ejecutivo "están fuera de lugar", al igual que el de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, quien ha opinado que "están fuera de lugar" y que en su comunidad la mayoría de los inmigrantes ya están siendo atendidos.
Desde la Generalitat Valenciana, que aprobó en julio la asistencia universal para los que irregulares empadronados desde hace más de tres meses, su vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, ha insistido en que recuperar la sanidad universal es una cuestión de "sentido común" y de "derechos humanos", al tiempo que ha cuestionado que sea sancionable.
La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, comunidad que aprobó el pasado lunes una orden que garantiza la prestación sanitaria a los irregulares a los empadronados con una antigüedad de tres meses, ya ha avisado que "no tolerará" amenazas del Gobierno de Mariano Rajoy y ha hecho hincapié en que es una decisión legítima dentro de las competencias regionales.
Baleares, otra de las autonomías que ha restituido el derecho a los 'sin papeles', ha considerado "inaceptable" la advertencia del Ministerio y su consejera de Salud ha dicho estar orgullosa de haber devuelto ya 600 tarjetas sanitarias.
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha manifestado al respecto para anunciar que entregará en los próximos meses a los inmigrantes sin papeles un documento para que puedan recibir atención primaria y especializada que no podrá emplearse fuera de la región.
Algo similar a lo que hará Madrid, ya lo hace Galicia que desde agosto de 2012 atiende a 'sin papeles' con el requisito de estar empadronados seis meses si bien tampoco les concedió la tarjeta sanitaria sino un documento del Servicio Gallego de Salud.
Fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla y León han descartado que el aviso de Sanidad vaya a tener efecto porque en esa región se ha atendido a los inmigrantes y se les ha pasado la factura a los que no tenían tarjeta sanitaria, independientemente de que la paguen o no, por carecer de recursos.
Según la Junta de Andalucía, la atención sanitaria a los irregulares permanecerá inalterable como hasta ahora, ya que a pesar de la reforma sanitaria se siguió facilitando el acceso a todos los servicios sanitarios a este colectivo.
El departamento de Salud navarro, que también tiene la intención de "garantizar la universalidad" de la sanidad, tampoco considera "apropiadas ni en el fondo, ni en la forma" lo dicho desde el Ministerio.
Tampoco Canarias entiende "los reparos" que ahora anuncia el Gobierno que, a su juicio, trata de "amedrentar" a las comunidades para que desistan de asistir a este colectivo, por lo que ha asegurado que seguirá adelante con los trámites para restituir ese derecho.
La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha asegurado a Efe que mientras espera a que el asunto se debata y concrete en el Consejo Interterritorial de Salud, en la comunidad se atiende al colectivo porque "lo principal" es garantizar la atención.
Murcia, desde el principio, asiste a dos colectivos de inmigrantes que, en un principio, no tenían derecho a atención y se hace del mismo modo que antes de la entrada en vigor de la reforma sanitaria: los que tienen enfermedades infectocontagiosa y los crónicos o con patologías graves.
Al igual que otras comunidades, Extremadura aprobará una norma para que la atención a inmigrantes irregulares sea universal, en tanto el País Vasco asegura que no le afecta la advertencia porque la tarjeta que les entrega fue avalada por el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Principado de Asturias prefiere no pronunciarse por el momento sobre las posibles multas millonarias que puede ocasionar, según Sanidad, la forma en la que se restituye la atención a los irregulares.
