Fuentes del caso han informado de que la juez Mercedes Alaya calcula esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía hasta febrero de 2004. Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011.