El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llevará este texto a la mesa del Consejo de Ministros pocos días después de que las víctimas recibieran un jarro de agua fría con el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenando la inmediata excarcelación de la sanguinaria etarra del 'comando Madrid' Inés del Río, condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos.
Las víctimas trasladaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su malestar por la decisión de Estrasburgo y convocaron una manifestación para el próximo domingo en Madrid bajo el lema 'Justicia para un final con vencedores y vencidos'.
El Ministerio de Justicia subraya que la presentación del texto no tiene nada que ver con la publicación del fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos y explica que a lo largo de un año ha trabajado para que salga a la luz el redactado.
Fue hace un año, concretamente el 11 de octubre de 2012, cuando el ministro Gallardón llevó al Consejo de Ministros un informe del Estatuto de la Víctima que ampliaba sus derechos y ofrecía una mayor atención en el ámbito jurídico y social para reparar el daño sufrido y minimizar los efectos traumáticos que el delito pueda generar.
Aquel informe permitía a las víctimas, incluidas las del terrorismo, recurrir decisiones de especial trascendencia que afecten a la ejecución de la pena de su agresor como la concesión de la libertad condicional si éste no ha afrontado su responsabilidad civil o existe peligro para el perjudicado.
Aunque mantenía la naturaleza estatal de la ejecución de las penas, facilitaba cauces de participación a las víctimas de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones o contra la libertad e indemnidad sexual castigados con más de cinco años de cárcel o cuando sean hechos que deriven en una situación de peligro para la víctima.
El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz adelantó hace unos días que el anteproyecto del Estatuto de la Víctima que se aprobará este viernes permitirá personarse en los procedimientos "para que puedan estar informadas y alegar lo que consideren oportuno en los cambios sustanciales en situación procesal de los condenados de los que son víctimas".
