Otegi se encuentra en prisión desde octubre de 2009 por este caso, que afecta también a los dirigentes abertzales Miren Zabaleta, Arkaiz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto García, quienes se sumaron al recurso.
Previamente al rechazo del recurso, el Tribunal Constitucional había rechazado por unanimidad la admisión a trámite de la recusación planteada por Otegi contra el nuevo magistrado del tribunal Antonio Narváez.
Según el TC, existe una "patente desconexión" entre el recurso de amparo presentado por Otegi y la actuación de Narváez en 2011 como fiscal del Tribunal Supremo en la demanda de ilegalización de Sortu como partido político.
Esa actuación de Narváez como fiscal era el motivo aducido por Otegi para pedir que se inhibiera de la decisión sobre el fondo del asunto, su recurso de amparo en el caso Bateragune.
Durante todo el proceso, el tribunal de garantías constitucionales ha rechazado en dos ocasiones la excarcelación de Otegi por la gravedad del delito por el que fue condenado. El tribunal decidió en junio de 2013 mantener la prisión para los recurrentes al aplicar su doctrina a este caso y señalar que en los recursos contra penas cuya duración excede de 5 años no se aplica la suspensión.
El pasado mes de mayo, el Constitucional rechazó su segunda petición de excarcelación por "la gravedad del delito" y por "la inminencia" de la sentencia sobre su caso. Otegi había solicitado por segunda vez al TC su excarcelación mientras se resolvía el recurso alegando que debía suspenderse provisionalmente su situación de prisión ya que había cumplido ya las tres cuartas partes de su condena.
En noviembre de 2013 la Fiscalía del Tribunal Constitucional avaló las condenas a los dirigentes abertzales Arnaldo Otegi y Rafael Díaz Usabiaga, es decir, se opuso a los recursos de amparo que presentaron contra sus condenas, que en el caso de Otegi le mantiene en prisión desde agosto de 2009.
El caso afecta también a los dirigentes abertzales Miren Zabaleta, Arkaiz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto García. Otegi, que ingresó en prisión preventiva el 16 de octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón por el caso Bateragune, fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de cárcel, al igual que Usabiaga.
La Audiencia Nacional les condenó porque consideró probado que a través de la actividad que desplegaron entre 2008 y 2009 cumplían las instrucciones de ETA, y que Otegi y Usabiaga, además, "ostentaban la categoría de responsables y promotores" de una novedosa estructura que trasmitía las directrices de la banda terrorista.
El Tribunal Supremo (TS) rebajó el pasado mes de mayo de 2012 a seis años y medio la condena al considerar que deben ser penados por su pertenencia a ETA pero no en calidad de dirigentes. Ambos recurrieron ante el TC, que el pasado 9 de mayo admitió a trámite su recurso de amparo contra la decisión del Supremo pero que les mantiene en prisión por ahora.
