El principal escollo que ha separado a los grupos parlamentarios ha sido la potestad que la nueva ley otorga a los vigilantes jurados así como su ámbito de actuación. La izquierda considera que con este proyecto de ley se intenta beneficiar a las empresas de seguridad, privatizando lo que hasta ahora era un servicio público y permitiendo a los vigilantes jurados retener e identificar a ciudadanos que hayan cometido un delito.
Los grupos que han apoyado el texto legal consideran que esto ya lo vienen haciendo pero sin cobertura jurídica, porque además lo avala el tribunal Supremo desde el año 1998 cuando en una sentencia argumentó que los vigilantes de seguridad son colaboradores de los miembros de las fuerzas de seguridad del estado. Lo que se hace ahora según PP y CiU es dar cobertura jurídica a los vigilantes de seguridad.
La nueva ley permite también, cosa que no gusta a la oposición, que los agentes privados puedan ejercer labores de control en el exterior de las prisiones, en espacios públicos delimitados, previa autorización, o en los perímetros de urbanizaciones, centros comerciales y polígonos industriales. Lo que ha quedado descartado es que pudieran ejercer labores policiales en calles con muchas tiendas.
