La proposición de ley, fruto del||| todas las miradas se centran en UPyD, que se abstuvo en el primer trámite en la Cámara baja, pero ante todo en CiU, después de que se rompiera la unidad de voto en la toma en consideración de la proposición de ley, ya que los diputados de Convergencia se abstuvieron y los de Unió votaron a favor.
Con todo, el escenario no invita a una adhesión incondicional de estos dos grupos al pacto tras las enmiendas que han presentado al articulado, si bien la redacción inicial de la proposición será modificada para incorporar aquellas de populares y socialistas. PP y PSOE han enmendado el articulado para que los desórdenes públicos graves no sean considerados como un delito de terrorismo, salvo en aquellos casos en que estén amparados por una organización terrorista.
Y han acordado tipificar la trata de mujeres como delito terrorista, en el caso de que estén obligadas a contraer matrimonio o sean explotadas sexualmente por parte de una organización terrorista, como es el caso de algunas mujeres reclutadas o secuestradas por el Estado Islámico (EI). [[LINK:INTERNO||||||En relación al resto de formaciones del arco parlamentario, CiU, UPyD, ERC, PNV y la Izquierda Plural ]]se oponen a la fórmula incluida en el pacto antiyihadista mediante la cual se avala la prisión permanente revisable como la máxima pena a aplicar a un terrorista que causara la muerte de una persona, una figura que tachan de "inconstitucional".
En sus enmiendas, esos partidos denuncian la "ambigüedad" e "imprecisión" que conlleva el acuerdo, que aplicará la "máxima pena privativa de libertad" prevista en el Código Penal, que con la futura regulación que aprobarán los populares será la prisión permanente revisable.
Esta redacción del texto permitió la firma del pacto entre el PP y el PSOE, ya que de esta manera se comprometían a mantener el acuerdo aunque en un futuro cambiara el sistema de penas, es decir, en caso de que los socialistas vuelvan a gobernar y deroguen, como han anunciado, la prisión permanente revisable. PNV, la Izquierda Plural y ERC piden la supresión del artículo que hace referencia a la prisión permanente que dichas formaciones consideran inconstitucional, puesto que no es más que un "eufemismo" que en realidad "avala la cadena perpetua" y "aparta a las personas indefinidamente en lugar de buscar su reinserción". CiU y UPyD también manifiestan su rechazo a esta figura de "difícil encaje en la Constitución" que piden sustituir por una pena concreta de entre 20 y 30 años de cárcel, en lugar de hacer "una simple alusión general".
Al margen de esta polémica, PNV pide además la supresión del pacto por considerarlo una "chapuza", al igual que hace la Izquierda Plural que califica el texto de "propaganda" y un "recorte de derechos y libertades fundamentales". También CiU propone sacar de la categoría de los delitos de terrorismo aquellos que tengan como finalidad la desestabilización del funcionamiento institucional, mientras que UPyD reclama una mayor dotación presupuestaria a las fuerzas de seguridad del Estado para combatir el terrorismo.
