El texto al que ha dado luz verde el Parlamento, gracias a la mayoría del PP, modifica una norma de 2006 y regulará más del 54 % superficie del país, 27,7 millones de hectáreas que están consideradas suelo forestal, de las cuales dos tercios están en manos privadas.
La nueva Ley incorpora las normas reguladoras del trasvase de agua Tajo-Segura para dar cumplimiento a una sentencia del Constitucional, y ha contado con el rechazo de ONG, ingenieros, biólogos, agentes forestales, sindicatos y de los grupos de la oposición.
Los aspectos más polémicos a los que han aludido hoy los parlamentarios de los grupos de la oposición tienen que ver con que la nueva norma "degrade" el papel de los agentes forestales a la hora de denunciar delitos ambientales, o deje en manos de las Comunidades Autónomas la recalificación de los montes quemados, hasta ahora blindados en los 30 años posteriores al fuego.
La voluntariedad de realizar planes de gestión es otra de las novedades que ha contando con más rechazo.
En el debate final de la ley, el diputado popular Manuel Torres, ingeniero de montes, ha calificado de "machacones" los argumentos de la oposición, así como de "poseer un concepto rancio del monte, como algo que, porque es de todos, no se puede tocar".
