La congelación parcial de los fondos estructurales y de inversión es consecuencia de que Bruselas constatara a principios de julio la "falta de acción efectiva" por parte del Gobierno español para cumplir con sus objetivos de déficit. España debía haber cerrado 2015 con un desvío del 4,2% en sus cuentas públicas, pero finalmente registró un déficit del 5% (del 5,1% si se tienen en cuenta las ayudas al sistema financiero).
La normativa comunitaria prevé la suspensión de hasta el 50% de los fondos estructurales y de inversión comprometidos para el siguiente año. En el caso de España podría suponer la congelación de hasta aproximadamente 1.300 millones de euros, según estimó el ministro de Economía en funciones, Luis De Guindos, en el Congreso. Otra consecuencia era una sanción del 0,2% del PIB, que finalmente fue cancelada.
Así, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen, y la comisaria de Política Regional, Corina Cretu debatirán la congelación de fondos ante las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Regional de la Eurocámara. La audiencia comenzará a las 18.00 horas y se extenderá durante dos horas y media.
Según las reglas comunitarias, Bruselas debe escuchar la opinión del Parlamento Europeo porque es colegislador en cuestiones presupuestarias y gestión de fondos, aunque su dictamen no sea vinculante. Una vez haya consultado a la Eurocámara, el Ejecutivo comunitario podrá presentar su propuesta, que detallará la cantidad concreta de fondos estructurales que se suspenderán.
Tras la audiencia, las presidentes, los vicepresidentes y los coordinadores de las dos comisiones se reunirán a puerta cerrada para decidir si convocan a la Comisión Europea a una nueva audiencia. La conferencia de presidentes de la Eurocámara decidirá el próximo jueves, 6 de octubre, los pasos a seguir.
Los portavoces de los grupos políticos han expresado este viernes sus posiciones en relación a esta cuestión. Así, Los Verdes, Izquierda Unitaria Europea y Socialistas y Demócratas se han mostrado en contra de la suspensión de fondos y han abogado por aprovechar el escenario actual para revisar las reglas presupuestarias comunitarias. El Partido Popular Europeo, por su parte, está a la espera de nuevos acontecimientos y no tiene aún una posición común.
Sin embargo, esta congelación de los compromisos para 2017 podría ser a su vez revocada. Para ello, la Comisión Europea debe evaluar los dos documentos que España tiene que presentar antes del 15 de octubre: el borrador de los presupuestos del año próximo y una relación de medidas efectivas para corregir el desvío en las cuentas públicas.
En este sentido, el ministro De Guindos ya informó de que el Ejecutivo en funciones presentaría una prórroga de los presupuestos de este año. Además, el Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de ministros la reforma del impuesto de sociedades, que permitirá recaudar unos 8.300 millones de euros más.
Bruselas tendrá que analizar entonces los ajustes presentados por las autoridades españolas y adoptar una posición al respecto que recomendar a los Veintiocho. Los socios comunitarios deben tomar una decisión, como muy tarde, a principios de diciembre. Si además vuelven a constatar la "falta de acción efectiva" del Gobierno, España se podría enfrentar a una multa del 0,5% del PIB, alrededor de 5.000 millones.
