Las iniciativas de ambos ejecutivos, admitidas a trámite ahora por el pleno del tribunal de garantías, darán la oportunidad al TC de pronunciarse sobre la reforma que el Ejecutivo y la mayoría popular en el Congreso promovieron, y que puso a la institución en primera línea contra las iniciativas independentistas catalanas.
El alto tribunal ha notificado hoy a la Generalitat, al Gobierno Vasco, al Ejecutivo central, al Congreso y al Senado la providencia en la que admite a trámite los recursos, una decisión que no prejuzga la decisión que tomará sobre el fondo del asunto.
El PP promovió en septiembre una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que le concede al TC capacidad sancionadora cautelar para ejecutar el cumplimiento de sus sentencias.
Así, abre la puerta a la posibilidad de que el alto tribunal pueda multar o incluso suspender de sus funciones al presidente de la Generalitat y a cualquier persona o autoridad que vulnere sus sentencias.
El recurso de inconstitucionalidad argumenta que la reforma de la ley que regula al TC es un "cambio cualitativo importante en las funciones encomendadas a la institución" que "puede alterar el equilibrio y el juego de contrapesos con el resto de poderes del Estado".
Para el Govern catalán, la reforma "vulnera las garantías constitucionales del derecho sancionador en relación con el principio de legalidad y excede la definición del ámbito de jurisdicción del TC que ha hecho la Constitución".
