La reforma salió adelante este martes por la noche en la Comisión de Justicia con el voto en contra de PSOE y ERC. La formación morada afirma que esta norma busca garantizar el derecho a la propiedad y, sobre todo, agilizar. Que para los afectados, recuperar sus casas no sea un calvario.
En la modificación del texto legal, que se ha remitido al Senado para su aprobación definitiva, se pretende proteger a los pequeños propietarios, a las ONG y a las entidades públicas propietarias o poseedoras de viviendas sociales.
Cuando una vivienda sea 'okupada' de manera ilegal, y así se denuncie a la Policía, se abrirá un plazo de 20 días, no dos años como actualmente, para que el juez determine el desalojo tras comprobar que el supuesto 'okupa' no puede demostrar que esa vivienda es suya.
Lucía Martín, la portavoz de Vivienda de Podemos, considera que esta norma no va a acabar con las mafias que fomentan la 'okupación' de inmuebles.
"Esa ley no le va a tocar un pelo a las mafias, ni a las organizaciones delictivas, que son las que precisamente se aprovechan de las personas en situación de vulnerabilidad porque no tienen acceso a una vivienda", ha dicho.
Sin embargo, desde el PDeCAT, formación que ha presentado la modificación, se defiende que con este cambio, se constituye un paso más adelante para acabar con el negocio de las mafias que se aprovechan de personas en situación de vulnerabilidad y que les cobran para ofrecerles un piso que 'okupan' durante dos años.
Ahora, no podrán hacerlo. Cabe recordar también que la modificación no incluye a las viviendas en propiedad de fondos buitre, ni de los bancos.