A la Comisión Europea le preocupa que estos mecanismos acaben facilitando la entrada de personas que aprovechan estos documentos europeos para cometer delitos financieros, como evasión fiscal o blanqueo de capitales.
Estos riesgos se agravan además al ser decisiones que toman los estados miembros de forma individual sin ningún tipo de coordinación porque no hay competencia europea en esta materia.
España es el país que más acciones de este tipo ha llevado a cabo -casi 25.000 visados- a inversores y sus familiares desde el año 2013, según un informe de Transparencia Internacional publicado en octubre.
20 estados miembros en total hacen lo mismo, aunque actualmente sólo Bulgaria, Chipre y Malta llegan a conceder directamente la nacionalidad a cambio de grandes inversiones.