Habrá una primavera caliente con movilizaciones si no se reactivan las negociaciones. Es la amenaza que lanza CSIF al ministerio de Función Pública. La incertidumbre política y la inestabilidad parlamentaria no son, a su juicio, excusa para dejar paralizada la administración pública. Denuncian que desde hace meses no tienen ninguna negociación real, está parado y empieza a repercutir en los servicios públicos.
"La sensación que tenemos es que como todo está supeditado a que salga adelante la Ley de Amnistía y toda esa inestabilidad política...Nosotros lo que le hemos al ministro José Luis Escrivá y a la secretaria de Estado es que los tiempos políticos van por un lado pero los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos no pueden esperar a ese tiempo político" ha expuesto el presidente de CSIF, Miguel Borra, en rueda de prensa.
Reclaman ya unos Presupuestos Generales del Estado y cumplir el plan de Recuperación para recibir los fondos de la UE. Así como un nuevo acuerdo salarial, aseguran no haber recibido aún la subida salarial de 2024 ni el 0,5% adicional de 2023.
Unos 15 días. Ese es el plazo aproximado que le dan al gobierno o concretarán en las próximas semanas un calendario de movilizaciones para esta primavera.
Las demandas del sindicato
La primera de las demandas es llegar a un acuerdo salarial de cara a 2025 y ejercicios posteriores para que los empleados públicos empiecen a recuperar poder adquisitivo. Porque afirman que bajo la excusa de que no hay presupuestos, aún no se ha aplicado la subida general ni la extra del 0,5% que anunció el Gobierno para este 2024.
La segunda es acordar un plan de empleo y garantizar la viabilidad de las administraciones. En un año se han destruido, según anuncian, más de 70.000 empleos. La plantilla es escasa y por ello piden entre otras cosas, un plan de recursos humanos que permita seguir teniendo servicios públicos. "Se van a jubilar la mitad de las plantillas. Y esto afecta a todos los ámbitos" ha expuesto su presidente Miguel Borra. "España tiene pendiente reformas en nuestras administraciones relacionadas con las políticas de empleo, la gestión de recursos humanos o el acceso a altos cargos, que condicionan el desembolso de los fondos de recuperación de la UE".
Unos fondos que están ligados además a la reducción de la temporalidad, que tras la última sentencia del TJUE no puede superar el 8%. Pero en España, según recoge el INE está en el 30%. Desde CSIF creen que para acabar con ella es necesario eliminar de inmediato la tasa de reposición. Una tasa, que para ellos, ha sido la principal causa de que las distintas administraciones hayan abusado de la contratación temporal.
Además, solicitan tratar la implantación de la jornada de 35 horas, un compromiso recogido, como apuntan, en los acuerdos de 2018 y que aún está pendiente de implantar en distintas administraciones. Y que reclaman también para el sector privado.
