Los asociados en la Plataforma contra los derribos, aseguran que hay cerca de 400 expedientes que afectan no solo al conjunto de la vivienda, sino también a obras de reforma que se han ido llevando a cabo. La cuestión es que el ambiente está muy caldeado, lo típico siempre que se acercan las elecciones. En la marjalería viven cerca de 5.000 familias, son unos potenciales 10.000 votos que todo partido político quiere arrimar “a su sardina”.
El próximo 11 de marzo, los representantes de las tres asociaciones vecinales y los afectados por los derribos se reunirán con el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Castellón para mediar una solución válida para todas las personas. Miguel Ángel Mulet, ha asegurado hoy, que pondrá todo de su parte para legalizar la situación, pero no puede taparse los ojos ante situaciones de continua irregularidad, porque el ayuntamiento ya puso la línea de corte el año 2001, todas las viviendas construidas antes de ese año se legalizaban, el resto se verá.
El presidente de la Asociación de Vecinos de la Marjalería, Antonio Palomares, ha reiterado que las personas afectadas por esos expedientes ya estaban advertidas de lo que les podía pasar si seguían adelante con las construcciones. No obstante, lo mismo propietarios afectados por el expediente de demolición denuncian que están pagando cuantiosos Impuestos de Bienes Inmuebles, lo que aseguran que es una hipocresía por parte del ayuntamiento.El problema es que los votos tienen mucho peso, pero la madeja está muy enredada. Paralizar los expedientes es poco factible, más cuando la fiscalía ya está investigando al propio ayuntamiento precisamente por eso, por no hacer cumplir la ley.
