El sindicato PIDE ha interpuesto una demanda judicial en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra el cierre del CEIP Juan XXIII de Mérida, ya que es la única vía que les queda para paralizar la decisión de la Consejería de Educación y Empleo, de cerrar el centro público.
Este sindicato ha solicitado reiteradamente que se convoque la “Comisión Regional de la actualización de la Red de Centros de Extremadura”, que es el órgano competente para esta toma de decisiones, para analizar las situación del CEIP y de los centros privado-concertados cercanos y estudiar la posibilidad de la redistribución de alumnado para no tener que cerrar el centro. Además, también propusieron una alternativa como crear una comunidad de aprendizaje que abarcara infantil, primaria, implantar los cursos de 1º y 2º de ESO (de forma excepcional) y un aula de adultos dependiente del CEPA.
Explican que esperan que "la Junta de Extremadura reconsidere esta grave decisión, antes del inicio del próximo curso, convocando la “Comisión Regional de la actualización de la Red de Centros de Extremadura” para estudiar, debatir y negociar seriamente alternativas al cierre del CEIP Juan XXIII de Mérida, evitando así que esta decisión unilateral de la consejería se judicialice, y establezcamos las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se repitan afectando a otros centros educativos públicos y defendamos entre todos la Educación Pública extremeña".
