La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, ha querido expresar su más profundo rechazo por el uso como moneda de cambio en las negociaciones de ciertos partidos políticos para alcanzar el gobierno de Extremaura, de una cuestión tan sensible para miles de familias extremeñas que aún siguen buscando a sus seres queridos por cunetas y fosas clandestinas. Se trata, apuntan de una cuestión de derechos humanos y de calidad democrática. Según las cifras aportadas por diversos historiadores en Extremadura existen más de 13.000 personas víctimas de la represión franquista, miles de personas que fueron encarceladas y cientos de bebés robados.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática constituyó un avance para el reconocimiento de las víctimas de la guerra de España y la dictadura franquista, así como para implementar unas políticas públicas integrales de memoria democrática en pro de la convivencia pacífica y los valores democráticos, al nivel de los países más avanzados, a partir de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, principios y directrices básicos del Derecho Internacional, recogidos por la doctrina de las Naciones Unidas.
Por otro lado, la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura, vigente desde hace más cuatro años, al igual que la Ley estatal, supuso igualmente un notorio avance en las tareas de tutela de los derechos de las víctimas de la dictadura en nuestra comunidad autónoma.
No se puede derogar una Ley como la extremeña que en su artículo 1 recoge de forma amplia e integral cuál es su objeto, que no es otro que el de recuperar la memoria histórica en relación con las personas extremeñas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa, de género o identidad y de orientación sexual durante la Guerra Civil y la Dictadura, restituyendo, reconociendo y rehabilitando la memoria de las que fueron represaliadas en nuestra región. Así como establecer algo tan elemental, como el derecho de las personas descendientes directas de las víctimas de la represión que así lo soliciten, a exhumar a sus familiares y darles una sepultura digna, incluyendo todas las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas y cuyo paradero se ignore. Esta Ley nuestra se fundamenta en los citados principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, establecidos por el Derecho internacional.
En los valores de toda sociedad respetuosa con la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el pluralismo político, y la cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, así como la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género. Y, asimismo, en el compromiso de mantener la memoria de todos los hombres y mujeres, que sufrieron la muerte, el exilio, la cárcel, trabajos forzados, la persecución y la represión franquista, por defender la libertad y unos modelos de sociedad democráticos y solidarios.
Por todo ello, la ARMHEX considera que las administraciones públicas tienen la obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares, quienes, en muchos casos, tras más de cuarenta y ocho años desde la muerte del dictador, siguen sin conocer dónde se encuentran los restos de sus seres queridos y los hechos acaecidos. Y aquellos que aspiren a dirigir nuestras instituciones deben respetarlos.
No se puede derogar de un plumazo con lo que ha costado mucho construir durante todos estos años, afirman. No se puede ser equidistante y poner al mismo nivel a las víctimas y a los que fueron responsables de graves violaciones de los derechos humanos, al igual que no se hace con el terrorismo y sus víctimas. No podemos permitir la pervivencia de inaceptables neutralismos y equidistancias, que no son sino viejos tópicos heredados del vetusto régimen antidemocrático. Por todo ello, desde la ARMHEX se hace un llamamiento a las víctimas, a los partidos políticos, a los movimientos sociales, a las entidades memorialistas y a la sociedad en general a no permitir una vuelta atrás en un tema tan sensible para tantas familias extremeñas.
