Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) exige al gobierno municipal que adopte las medidas necesarias para limitar las actividades que provoquen situaciones de saturación y contaminación acústica en la vía pública.
La actividad comercial y turística que se produce en algunas zonas del centro de la ciudad generan niveles de saturación de ruidos que se traducen en situaciones de impiden niveles adecuados de bienestar y descanso para buena parte de los vecinos y vecinas que residen en algunas calles, tal y como sucede en la calle del Museo o en la calle Berzocana.
Desde mayo de 2009 la administración municipal y el gobierno disponen de la Ordenanza de Protección frente a la Contaminación Acústica, cuyo objeto es el de “regular la protección del medio ambiente urbano frente a los ruidos y vibraciones, limitando los daños y riesgos que puedan implicar para las personas o bienes de cualquier naturaleza.”, en la que se establece la regulación de los mapas de ruidos y las zonas acústicas saturadas o las actividades de ocio, espectáculos públicos, recreativas, culturales y las de asociacionismo en esta materia.
Según lo dispuesto en la mencionada ordenanza, la Junta de Gobierno Local podrá aprobar los denominados mapas de ruidos, que deberán actualizarse cada cinco años, para delimitar el nivel de contaminación acústica que debe soportar cada zona de la ciudad, según cuál sea su actividad.
Asimismo, la ordenanza contempla la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas, entendidas como: “zonas del municipio en las que existan numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos públicos debidamente autorizados, y en las que los niveles de ruido ambiental producidos por la adición de las múltiples actividades existentes y por los de las personas que las utilizan, provoquen afección sonora importante.”.
Debemos señalar que tal y como dispone la propia ordenanza, las competencias para adoptar los acuerdos necesarios para llevar a cabo estas medidas corresponden –respectivamente- a la Junta de Gobierno Local y a la propia alcaldía; por lo que la responsabilidad sobre las consecuencias del exceso de ruidos en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas afectadas es únicamente del gobierno municipal, y expresamente, del propio alcalde.
En estos términos, queremos recordar que Unidas por Mérida propuso ante el pleno la adopción de medidas para hacer frente a esta situación y que, a pesar de ser aprobada en el pleno, finalmente no ha sido ejecutada por el gobierno municipal, como ya es habitual.
Por todo ello, exigimos al gobierno municipal que asuma sus responsabilidades al respecto, y actúe de acuerdo con las normas del propio ayuntamiento; al tiempo que le pedimos que muestre más respeto por las necesidades de los vecinos y vecinas que se ven perjudicados por la dejadez municipal.