La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha defendido que desde que gobierna María Guardiola se han incrementado tanto el presupuesto destinado a la financiación de las plazas residenciales gestionadas por los ayuntamientos como el número de plazas, así como que el incremento de la inversión en los conciertos con las privadas se ajusta "a una consulta de mercado y la Ley de contratos".
Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta en el Pleno de la Asamblea del diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, quien ha acusado al Ejecutivo regional de "rescatar a las residencias privadas por el coste real del servicio", superando los 26.000 euros al año por plaza, mientras que deja "abandonados" a los ayuntamientos que gestionan estos servicios, ya que en este caso la cantidad se reduce a 13.000.
En su respuesta, la consejera ha animado al parlamentario de la coalición de izquierdas a "informarse bien, porque está comparando plazas que no son similares, que no cubren las mismas necesidades ni se le exigen los mismos requerimientos".
En este sentido, ha argumentado que el Ejecutivo actual ha aumentado en 8,7 millones de euros el presupuesto que llega a los ayuntamientos para este fin, de modo que de esta cantidad se han destinado 5,2 millones de euros "precisamente al incremento de plazas residenciales".
Además, en este periodo se han incrementado en 379 el número de plazas en estas residencias, con lo que hay 379 personas que "con el Gobierno anterior no tenían derecho a una plaza municipal subvencionada y este 2025 les ha sido posible".
También se ha referido a un incremento de 3,5 millones de euros a los Programas de Colaboración Económico Municipal (PCEN) de Proximidad, Relación a la Soledad y Respiro Familiar. Por tanto, "el incremento de financiación por parte de este Gobierno existe tanto en número de plazas residenciales municipales como en el importe de las plazas sociosanitarias", ha dicho.
Con respecto a la subvención que se destina a los ayuntamientos que gestionan las residencias, ha indicado que a estos 13.000 euros al año hay que sumar la tasa que abona el usuario que supone 10.780 euros al año, salvo las exenciones estipuladas, que también ingresan los ayuntamientos, con lo que "el sumatorio hace ver que en torno a 24.000 euros año de media es lo que aporta una plaza residencial municipal al consistorio".
En paralelo, ha continuado, el anterior Gobierno socialista puso en marcha los conciertos de plazas sociosanitarias que "ustedes llaman privadas", y que son un "recurso temporal" con la finalidad de rehabilitarse de una "circunstancia concreta!" que precisa una valoración de enfermería previa, así como requieren "mayores requisitos", como son fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico, enfermera 24 horas.
Este es el concierto que finalizaba en 2025 y para el que el Ejecutivo se ha "ajustado a una consulta de mercado y la ley de contratos".
"LO PRIVADO PARASITANDO LO PÚBLICO"
Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura ha señalado que el anterior gobierno socialista sacó a licitación una serie de plazas en el año 2020 y en 2025 el Ejecutivo del PP saca "las mismas", de modo que "lo coyuntural", que era porque no había "plazas públicas suficientes, se convierte en estructural", con lo que se cumple nuevamente el argumento de la formación de que lo privado está "parasitando lo público".
A día de hoy, ha señalado, cada plaza T3 el Gobierno del PP la va a financiar con 2.166 euros al mes, mientras que para las 2.195 plazas municipales se destinan 1.083 euros al mes, con lo que traslada a los ayuntamientos que deben poner la diferencia si quieren tener "una residencia decente".
"En un mar de precariedad, que es la atención a la dependencia, ha decidido rescatar a las residencias privadas por el coste real del servicio y ha dejado abandonados a los ayuntamientos", ha lamentado.
