La Junta de Extremadura ha remitido a Fiscalía información sobre el caso de las dos alumnas del colegio Alba Plata de Cáceres cuyos padres no quieren que usen mascarilla en el aula, por lo que la Junta de Extremadura ha prohibido el acceso a las clases de las dos hermanas, de 3º y 5º de primaria, hasta que no usen esa medida de protección contra los contagios por coronavirus.
El expediente gubernativo ha llegado a la Fiscalía Superior de Extremadura pero, al no ser éste el órgano competente para asumir la investigación del caso, se va a remitir a la Fiscalía Provincial de Cáceres, según ha confirmado este jueves la propia fiscal jefe provincial, Marta Abellán, que, no obstante, ha indicado que desconoce los términos de la denuncia porque todavía no se ha recibido en la Fiscalía Provincial, por lo que no sabe nada "formalmente".
Abellán, que ha presentado en rueda de prensa la memoria del órgano judicial, ha estado acompañada por la teniente fiscal y fiscal de menores, Yolanda Forte, que será quien se encargue de las diligencias de investigación, sobre la que ha indicado que habrá que estudiar "todas" las circunstancias que se derivan de este caso, cuyos detalles conoce solo por los medios de comunicación.
No obstante, Forte ha avanzado que la fiscalía de menores "velará por los derechos y el interés de las dos menores" y ha añadido que el derecho a la educación es uno "fundamental". "Si cercenas el derecho a la educación estás privando a esa persona de su vida futura, de sus acciones, de su opción a formarse, a desarrollarse, etc", ha resaltado.
A la pregunta de cómo se puede proceder en el caso de que la familia siga en sus treces de no llevar a las dos niñas al colegio, Forte ha recordado que existe un protocolo de absentismo escolar y "en varios casos en los que se puede constatar una intencionalidad o una dejación intencial de los deberes parentales de los progenitores o tutores, se ha llegado a formular denuncia por abandono de familia".
"Es un delito que se recoge en el Código Penal", ha subrayado la fiscal de menores, que añade que una vez que se derivan todas las diligencias se debe velar por la protección de los derechos de los menores. "En este caso, nos derivarán las diligencias y veremos que incidencia tiene la decisión de los padres de no permitir el acceso a sus hijas al colegio", ha subrayado.
Forte ha insistido en que lo que compete al fiscal de menores es "velar por que los derechos de esas dos menores sean respetados, incluido el derecho a la educación", ha concluido, que insiste en que habrá que investigar "múltiples circunstancias" como la postura de los padres, la decisión del centro y de la propia Administración regional para dirimir las responsabilidades de este caso.
