Tres peritos de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) han expuesto este miércoles ante el tribunal del caso Erial varias irregularidades administrativas en las que, a su juicio, incurrió la Conselleria de Industria en el proceso de privatización de las ITV que tuvo lugar en 1997. El tribunal ha escuchado también las contradicciones o cuestionamientos alegados por un cuarto perito, catedrático de Derecho Administrativo, contratado por la defensa de Eduardo Zaplana.
Los técnicos de la AVA han advertido sobre la falta de un estudio que justificase la gestión directa de las ITV: "No consta que se realizase un estudio que justificase la gestión indirecta de las ITV por concesiones, a pesar de que lo exigía la ley y los principios de buena gestión". Además, han apuntado que los criterios técnicos para las adjudicaciones no estaban firmados, un requerimiento que era necesario, según han indicado, "para que se puedan explicar posibles dudas y para que los interesados puedan recusar al firmante, porque puede darse el caso de que alguna empresa pueda tener relación con el redactor de los pliegos". En este punto del debate entre los peritos, el catedrático contratado por la defensa de Zaplana ha pedido al resto de peritos que le indicasen "en qué norma se exige la firma", a lo que el resto de técnicos ha insistido en que "ese pliego técnico pudo condicionar el concurso, como lo hizo, y hay causas posibles de recusación o abstención, por eso ha de estar firmado".
Criterios objetivos, anulados
Otro de los reproches esgrimidos por los peritos de la Agencia Antifraude ha coincidido con lo expuesto por el exinterventor de la Conselleria de Industria que intervino en la mayor parte de la tramitación, es decir, la limitación de los puntos obtenidos por el criterio económico, que en la práctica suprimió los criterios objetivos de este concurso. "En los criterios económicos se concedía la máxima puntuación a las empresas hasta un límite del 30 % por encima del canon mínimo. Todas las ofertas superiores no iban a obtener un premio en forma de más puntos, con lo cual el criterio económico, que suponía un 40 % de la valoración, era perfectamente conocido. En la práctica se anuló la competencia, y eso conculca los principios de contratación pública, no se pudo valorar cada oferta en relación al resto, sino que primaron los criterios objetivos", han señalado.
"Las empresas se comportaron igual, aportaron un incremento del 30 % sobre el canon mínimo y tuvieron así garantizado el máximo de puntos. Estimamos que el perjuicio para la administración fue de unos 9,4 millones de euros", han detallado los peritos de Antifraude. Sobre esta materia, el perito de la defensa de Zaplana ha insistido en que en aquel momento no se buscaba un mayor ingreso para las arcas públicas, sino un mejor servicio, y que "eso no era cuestión de dinero".
Los peritos de la AVA han advertido también de que "se estableció que la fianza provisional para las empresas concurrentes a cada lote era de cinco millones de pesetas, pero todos debían participar en todos los lotes", con lo que la fianza efectiva se elevaba a 25 millones de pesetas y "se limitaba así la participación de las empresas que no tenían esa capacidad económica". "Lo que se persigue normalmente al hacer lotes es buscar más concurrencia, no tiene sentido que se obligue a presentarse a todos los lotes. No digo que el pliego incumpliese la ley pero consiguió el efecto contrario", ha advertido uno de estos peritos de Antifraude. El perito de la defensa ha puntualizado que "esa obligación de presentarse a los cinco lotes tenia la pretensión de que no se quedase ninguno sin adjudicar. Era un servicio público", y ha añadido que "una fianza de 25 millones de pesetas era razonable y se devolvía. Si ese es el truco para evitar la competencia, no lo acabo de entender, hubo presencia de empresas y no hubo impugnaciones que yo conozca".
Según los técnicos de la AVA, la mesa de contratación de las ITV recibió un informe de las ofertas recibidas (de la comisión de estudio) y "ese mismo día (5 de noviembre de 1997) estableció los puntos de cada oferta, pero no hubo tiempo material para hacer una valoración subjetiva. Valorar 50 ofertas en ese tiempo material es imposible en nuestra experiencia". Por otra parte, dos días antes de esta valoración de las ofertas el interventor de la Conselleria (que ya había informado sobre la singularidad de la limitación de la valoración de la oferta económica) fue cesado por orden de la Conselleria de Economía, que en aquel momento dirigía José Luis Olivas, también procesado en esta causa. "Era una licitación compleja, en dos días es materialmente imposible asumir una mesa de esta complejidad", han agregado estos peritos, que han sugerido incluso que las empresas concurrentes a este proceso de privatización pudieron haberse puesto de acuerdo porque "todas las adjudicatarias obtuvieron lo que pidieron en primer lugar".
