La apertura de puertas del recinto del festival se mantuvo en la incertidumbre hasta el último momento, pero finalmente los organizadores decidieron seguir adelante al considerar subsanadas las incidencias alegadas por el Ayuntamiento.
El expediente sancionador contra los organizadores de las paellas universitarias es uno de los más de 4.000 que están pendientes de resolver desde que la Generalitat traspasó al Ayuntamiento la competencia de las sanciones graves y muy graves a la ley autonómica de espectáculos públicos. El convenio de transferencia de esas competencias se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat un mes después de la celebración del evento, el 13 de mayo de 2019.
La Abogacía de la Generalitat sostiene que la competencia es del consistorio porque el expediente todavía no se había iniciado en la fecha de publicación del convenio. Por su parte, el Ayuntamiento defiende por ello que es el gobierno autonómico el que debe tramitar la sanción, y que el cambio de administración podría llevar a los organizadores a recurrir la sanción y lograr que se les anulase. El consistorio ya impuso a los organizadores del festival una sanción de 1.200 euros por incumplimiento de la ordenanza municipal de contaminación acústica, en el marco de sus competencias.
